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Si has recibido una multa y dudas entre pagar con descuento o alegar, aquí lo que decide no es tener razón sino moverse dentro de plazos cortos y encadenados: los del expediente, los del recurso y los de la prescripción. Aquí encontrarás qué se gana y qué se pierde al pagar de forma voluntaria, cómo se cuentan los plazos para alegar, qué ocurre cuando la resolución ya es firme y el despacho especializado de tu provincia.
Ver el despacho especializadoLos plazos que deciden el asunto
Una multa es la sanción económica que impone una Administración tras un procedimiento sancionador. Recurrirla no es cuestión de tener razón, sino de moverse dentro de plazos cortos y encadenados: los del expediente, los del recurso y los de la prescripción. Quien los conoce decide con criterio si pagar con descuento o pelear; quien no, suele acabar pagando por incomparecencia.
Quien busca abogado ahora mismo no está comparando con calma: está en un apuro y elige a quien ve primero. Destacar tu despacho pone tu ficha arriba del todo en tu especialidad y ciudad, justo en el momento en que esa decisión se toma — más llamadas y más clientes reales, no solo más visitas.
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El procedimiento sancionador se incoa de oficio y se notifica al interesado. A partir de ahí, en tráfico —el ámbito más frecuente— hay dos caminos: el pago voluntario, que reduce la sanción a la mitad pero supone renunciar a alegar y agota la vía administrativa, y el procedimiento ordinario, con veinte días naturales para alegar y proponer prueba.
La resolución sancionadora pone fin a la vía administrativa y admite recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes, que no suspende por sí solo la ejecución. Después queda el recurso contencioso-administrativo, con sus propios plazos.
Hay dos relojes que juegan a favor del sancionado y conviene mirar siempre: la prescripción de la infracción, que se cuenta desde el día en que se cometió el hecho, y la caducidad del expediente si no recae resolución en el plazo legal. Y una obligación general de la Administración que sostiene ambos: la de resolver y notificar.
Todos los plazos de este terreno son cortos y se cuentan desde el día siguiente a la notificación. Veinte días naturales para pagar con descuento o alegar; un mes para el recurso de reposición; dos meses para el contencioso si el acto fue expreso y seis si no lo fue. A favor del sancionado corren dos: la prescripción de la infracción, desde el día en que se cometió el hecho, y la caducidad del expediente al año de iniciarse sin resolución. Ninguna de estas cifras sustituye al examen del expediente: lo que decide es la fecha de la notificación válida.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Pago voluntario con reducción del 50 % (tráfico) | En el acto o dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificaciónart. 94 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Alegaciones en el procedimiento ordinario (tráfico) | 20 días naturales desde la notificación de la denunciaart. 95.1 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Recurso de reposición contra la resolución sancionadora | 1 mes desde el día siguiente a la notificaciónart. 96.2 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Prescripción de la infracción de tráfico | 3 meses las leves y 6 meses las graves y muy graves, desde el día del hechoart. 112.1 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Caducidad del expediente sancionador de tráfico | 1 año desde su iniciación sin resoluciónart. 112.3 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Recurso contencioso-administrativo | 2 meses si el acto es expreso; 6 meses si no lo esart. 46.1 LJCA (se abre en una pestaña nueva) |
Antes de encargar nada, haz una cuenta que casi nadie hace: cuánto cuesta defenderte frente a lo que te reclaman. En sanciones de importe modesto la defensa profesional puede costar más que la propia multa, y eso no la hace inútil, pero cambia la decisión: hay motivos para recurrir que no son económicos, como los puntos, una posible pérdida de vigencia del permiso o el antecedente que deja el expediente. En la vía administrativa no es preceptivo abogado ni procurador, de modo que el primer tramo puedes hacerlo tú; el coste aparece si el asunto pasa a la vía judicial. Pide por eso un presupuesto que distinga los dos tramos y no un precio único por todo. Y pregunta antes de firmar qué ocurre si la administración estima el recurso a mitad de camino: es un final frecuente y conviene tener pactado cómo se liquida.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
Depende de si vas a discutir el fondo: pagar reduce el importe a la mitad, pero renuncia a las alegaciones, termina el procedimiento y agota la vía administrativa.
La infracción, a los tres meses si es leve y a los seis si es grave o muy grave, contados desde el día en que se cometió el hecho, con las interrupciones que la ley prevé.
Si ha transcurrido un año desde su iniciación sin resolución sancionadora, se produce la caducidad y procede el archivo.
No por sí solo: la interposición del recurso de reposición no suspende la ejecución del acto ni de la sanción.
La fecha de notificación válida es la que abre todos los plazos, así que es el primer punto que se comprueba.
Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.
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Antes de nada, la advertencia que aquí importa más que el propio derecho: la ley se aplica con carácter general a los procesos judiciales, y a la vía administrativa previa sólo alcanza cuando así lo establece la legislación específica. Como en las sanciones casi todo se juega primero ante la propia administración, conviene preguntar qué parte queda cubierta antes de encargar nada. La buena noticia es que en esa fase no son preceptivos abogado ni procurador, de modo que el primer tramo puedes hacerlo tú. Si el asunto pasa al juzgado, el derecho se reconoce a quien carece de patrimonio suficiente y no supera unos umbrales de ingresos brutos anuales por unidad familiar, fijados en múltiplos del IPREM vigente el día de la solicitud y no en euros. Y merece la pena hacer una cuenta que casi nadie hace: comparar lo que cuesta defenderse con lo que te reclaman. En sanciones de importe modesto la defensa puede costar más que la multa, y aun así puede compensar por lo que está en juego más allá del dinero. Reconocido el derecho, cubre el asesoramiento previo al proceso, la defensa y la representación y la exención de tasas y de los depósitos necesarios para recurrir.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado que ha de conocer del recurso, o en el juzgado de tu domicilio, que dará traslado al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Si el expediente sigue en vía administrativa, pregunta allí qué parte está cubierta antes de contratar.
Base legal: Artículo 1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.