5 despachos con esta área de práctica en el directorio.
Si te han denegado una pensión o una prestación, el importe reconocido no cuadra con lo que esperabas, te falta cotización reconocida o te reclaman la devolución de lo cobrado, casi todo empieza en una resolución con la que no estás de acuerdo y que tiene su propio cauce de reclamación. Aquí encontrarás cómo se reclama frente a esa resolución, qué requisitos exige cada prestación, los errores que hacen perder el derecho y los despachos especializados en Seguridad Social de tu provincia.
Ver los despachos especializados en Seguridad SocialErrores que hacen perder el derecho
¿Dónde necesitas un abogado de seguridad social y pensiones?
Sólo salen las localidades con despachos de esta área en el directorio: no hay forma de acabar en una lista vacía.
El Derecho de la Seguridad Social regula la relación entre el ciudadano y el sistema público de protección: quién está incluido, qué cotiza, qué prestaciones le corresponden y cómo se reclama cuando la Administración deniega o reconoce menos de lo debido. En un despacho aparece casi siempre por el mismo camino: una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social con la que el interesado no está de acuerdo.
Quien busca abogado ahora mismo no está comparando con calma: está en un apuro y elige a quien ve primero. Destacar tu despacho pone tu ficha arriba del todo en tu especialidad y ciudad, justo en el momento en que esa decisión se toma — más llamadas y más clientes reales, no solo más visitas.
Destacar no sustituye tu colegiación verificada — es visibilidad extra sobre una confianza que tu ficha ya tiene. Siempre marcada como contenido patrocinado, nunca mezclada con el orden natural.
El orden de los despachos es aleatorio y cambia en cada visita — no indica preferencia ni ranking.
Divorcio exprés, despidos y desahucios en Móstoles.
24 áreas desde 2001 en Alcobendas: laboral, despidos y seguros.
Familia, laboral y herencias en Torrejón de Ardoz: escribe a este despacho.
Mercantil, concursal y sucesión de empresa en Alcorcón.
Veintiuna áreas en Getafe: civil, laboral, penal, fiscal y mercantil.
La ley delimita primero el campo de aplicación: quiénes están obligatoriamente incluidos en el Régimen General. A partir de ahí, cada prestación tiene sus requisitos, sus beneficiarios y su forma de cálculo.
En la pensión de jubilación, la ley exige haber cumplido la edad que fija —sesenta y siete años, o sesenta y cinco cuando se acrediten los años de cotización que la propia norma establece— además del período mínimo de cotización, y regula el cálculo de la base reguladora, que es lo que determina el importe.
Cuando la resolución no se comparte, el camino está tasado: en materia de prestaciones hay que agotar la vía administrativa previa antes de demandar ante el juzgado de lo social. Saltarse ese trámite es el error que más demandas tumba, y no admite arreglo posterior.
Lo primero que hay que asegurar no es un plazo largo sino un trámite: en materia de prestaciones de Seguridad Social hay que agotar la vía administrativa previa antes de demandar, y sin ese paso la demanda no prospera por mucha razón de fondo que haya. A partir de ahí, los plazos corren desde la notificación de cada resolución, así que conviene conservar la fecha desde el primer día. Y en jubilación, los requisitos de edad y cotización tienen reglas propias que la ley detalla, incluida la edad reducida cuando se acreditan los años de cotización que ella misma fija.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Reclamación administrativa previa en materia de prestaciones | Requisito previo a la demanda ante el juzgado de lo socialart. 69 LRJS (se abre en una pestaña nueva) |
| Edad ordinaria de jubilación | 67 años, o 65 cuando se acrediten los años de cotización que fija la leyart. 205.1 LGSS (se abre en una pestaña nueva) |
| Cálculo del importe de la pensión | Según la base reguladora que la ley determinaart. 209 LGSS (se abre en una pestaña nueva) |
Casi todo empieza con una reclamación previa que no cuesta dinero y que condiciona el resto del asunto. Después, el procedimiento ante el juzgado de lo social no exige procurador, y conviene comprobar la asistencia jurídica gratuita prevista para los beneficiarios del sistema. El coste que suele olvidarse es el de reconstruir la vida laboral: certificados, informes y, cuando la cifra reconocida no cuadra, el cálculo detallado de la base reguladora. En las reclamaciones de devolución de lo cobrado, pregunta primero por el importe exacto que se discute: a veces defenderlo cuesta más que lo reclamado y existen salidas administrativas más baratas.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
La ley fija los sesenta y siete años, o sesenta y cinco cuando se acreditan los años de cotización que ella misma establece, además del período mínimo exigido.
No: en materia de prestaciones de Seguridad Social hay que agotar antes la vía administrativa previa.
El importe depende de la base reguladora, cuyo cálculo está regulado en la ley. Suele merecer la pena revisar períodos y bases antes de discutir el criterio.
La ley delimita el campo de aplicación del Régimen General, y el encuadramiento concreto se resuelve conforme a esas reglas.
Cambia el régimen: la contingencia determina la prestación y abre además otras reclamaciones, como el recargo por falta de medidas de seguridad.
Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.
Lo que más caro sale en seguridad social y pensiones, y por qué.
Confusiones que salen caras en seguridad social y pensiones: qué las distingue y qué cambia según cuál sea tu caso.
Situaciones habituales y el camino que suelen seguir. Describen un itinerario general, no lo que va a pasar en tu caso.
Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.
En materia de Seguridad Social la ley es más favorable que en el resto, y merece la pena saberlo antes de renunciar a reclamar por el coste. La regla general exige acreditar insuficiencia de recursos, pero la propia ley añade un supuesto distinto para el orden social: reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones dirigidas a la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales; y lo reconoce también a los trabajadores y beneficiarios para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo. Ese supuesto está redactado sin condicionarlo a acreditar insuficiencia de recursos, a diferencia del supuesto general. Cuando lo que se aplique sea la regla general, el derecho se reconoce a quien cumple dos condiciones a la vez: carecer de patrimonio suficiente y no superar unos umbrales de ingresos brutos anuales, computados por todos los conceptos y por unidad familiar. La ley no fija esos umbrales en euros, sino en múltiplos del IPREM —el indicador público de renta de efectos múltiples— vigente el día de la solicitud: dos veces si no estás integrado en ninguna unidad familiar, dos veces y media si tu unidad familiar tiene menos de cuatro miembros, y el triple a partir de cuatro miembros o con la condición de familia numerosa reconocida. Reconocido el derecho, cubre el asesoramiento previo al proceso, la defensa y la representación, y la exención de tasas y depósitos. Sobre las costas: si la condena es a tu favor, las abona la parte contraria; si es contra ti, tener el derecho reconocido no significa siempre no pagar nada, porque la ley regula ese caso aparte.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado de lo social que ha de conocer del asunto, o en el juzgado de tu domicilio, que dará traslado de la petición al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, y hay que indicar qué prestaciones pides. Si son varios los demandantes, cada uno debe solicitarlo por separado.
Base legal: Artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.
