Lo que muchos leyeron en octubre y no llegó a regir
En octubre de 2026 circuló ampliamente que, a partir del 15 de noviembre, el régimen de prórroga del contrato de arrendamiento de vivienda habitual iba a cambiar. Esa fecha no salió de ninguna interpretación: estaba escrita en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, que decía exactamente esto:
«El presente real decreto-ley entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026.»
Ese día nunca llegó con la norma viva. El 12 de noviembre la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados acordó derogarla, y el acuerdo se publicó en el BOE del 13 de noviembre. La propia ficha de análisis que el BOE mantiene sobre ese real decreto-ley recoge las dos fechas una debajo de la otra: «Fecha de entrada en vigor: 15/11/2026» y «Fecha de derogación: 13/11/2026». La derogación se adelantó dos días a la entrada en vigor.
Conviene decirlo sin rodeos, porque de esto depende cómo se lee un contrato y cómo se calcula un preaviso: el régimen que anunciaba el Real Decreto-ley 28/2026 no rige, ni rigió el 15 de noviembre, ni rige hoy. Lo que rige es la redacción que el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos tenía ya desde el 8 de octubre de 2026, y que el Congreso ha dejado en pie al convalidar la norma que la introdujo.
Qué publicó el BOE el 13 de noviembre: dos acuerdos del mismo día
El BOE número 283, de 13 de noviembre de 2026, sección I (Disposiciones generales), departamento Cortes Generales, publicó dos resoluciones de 12 de noviembre de 2026 firmadas por la Presidenta del Congreso de los Diputados. Son una página cada una y se apoyan en el mismo precepto constitucional.
Derogación del Real Decreto-ley 28/2026 (BOE-A-2026-23754)
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó derogar el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 249, de 7 de octubre de 2026.»
El apartado de análisis de esa resolución detalla el alcance en los términos del propio BOE: «DEROGA el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre» y «DEJA SIN EFECTO», entre otras cosas, «la modificación del art. 10 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre». Es decir: la reforma del artículo 10 que ese real decreto-ley llevaba dentro no se incorpora al texto de la ley.
Convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 (BOE-A-2026-23755)
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 249, de 7 de octubre de 2026.»
Dos acuerdos tomados el mismo día y publicados en páginas consecutivas, con resultado opuesto: uno retira del ordenamiento el real decreto-ley que aún no había entrado en vigor; el otro confirma el que ya estaba produciendo efectos.
Qué dice hoy el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
El texto consolidado que el BOE sirve del artículo 10 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, lleva como última actualización la publicada el 13/11/2026, en vigor desde el 13/11/2026. Es, por tanto, el texto aplicable a día de hoy. Se titula «Prórroga del contrato» y tiene cuatro apartados.
Apartado 1: el preaviso y el techo de la prórroga
«1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento de vivienda habitual, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.»
Fuera de las comillas, y para que no se confundan dos cosas distintas: los cinco años —siete si el arrendador es persona jurídica— que el apartado menciona no son la prórroga, sino la duración mínima que el contrato ha de haber alcanzado antes, conforme al artículo 9.1 de la misma ley. La prórroga que regula el artículo 10.1 es anual y tiene un techo de tres años. Y los plazos de aviso no son simétricos: cuatro meses el arrendador, dos meses el arrendatario, y un mes si el arrendatario quiere cortar una de las anualidades ya iniciadas.
Apartado 2: prórroga extraordinaria de un año por vulnerabilidad
«2. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la presente ley en los que finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1, o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de un año, durante el cual se seguirá aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria requerirá la acreditación por parte del arrendatario de una situación de vulnerabilidad social y económica sobre la base de un informe o certificado emitido en el último año por los servicios sociales de ámbito municipal o autonómico y deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador cuando este sea un gran tenedor de vivienda de acuerdo con la definición establecida en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, salvo que se hubiese suscrito entre las partes un nuevo contrato de arrendamiento.»
Apartado 3: prórroga extraordinaria en zona tensionada
El apartado 3 regula una prórroga distinta para los inmuebles situados en una zona de mercado residencial tensionado, mientras esté vigente la declaración de la zona:
«3. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la presente ley, en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado y dentro del periodo de vigencia de la declaración de la referida zona en los términos dispuestos en la legislación estatal en materia de vivienda, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 de esta ley o el periodo de prórroga tácita previsto en el apartado anterior, previa solicitud del arrendatario, podrá prorrogarse de manera extraordinaria el contrato de arrendamiento por plazos anuales, por un periodo máximo de tres años, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.»
El mismo apartado añade que esa solicitud «deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador», con tres salvedades que el texto enumera: que las partes hayan fijado otros términos o condiciones, que se haya suscrito un nuevo contrato con las limitaciones en la renta que en su caso procedan por los apartados 6 y 7 del artículo 17, o que el arrendador haya comunicado en los plazos del artículo 9.3 «la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción» o para su cónyuge en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial con sentencia firme. La relación de zonas declaradas se publica por trimestres; la del tercer trimestre de 2026 la recogimos en su momento (ver la noticia).
Apartado 4
«4. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido.»
El artículo 9.1, que es el que marca el punto de partida
El artículo 10 no se entiende sin el 9. El artículo 9.1 de la misma ley, en el texto consolidado que el BOE sirve —última actualización publicada el 07/10/2026, en vigor desde el 08/10/2026—, dice:
«La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.»
El orden, por tanto, es este: primero la prórroga obligatoria del artículo 9.1 hasta la duración mínima legal; agotada esa, y si ninguna de las partes avisa en los plazos del artículo 10.1, la prórroga anual del artículo 10.1 con el techo de tres años; y, cumplidos los requisitos que cada uno exige, las prórrogas extraordinarias de los apartados 2 y 3.
De dónde viene la redacción vigente: el Real Decreto-ley 29/2026
La redacción transcrita arriba no la introdujo el real decreto-ley derogado, sino el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. Su artículo 3, apartado Ocho, se limita a decir:
«Ocho. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:»
Y a continuación reproduce los cuatro apartados. Hemos cotejado ese texto original con el consolidado que el BOE sirve hoy: coinciden palabra por palabra, una vez normalizados los espacios y los saltos de línea.
Sobre la fecha, el propio real decreto-ley fija en su disposición final decimoprimera: «Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que alguna de sus disposiciones establezca otra cosa». Se publicó el 7 de octubre de 2026, y la ficha de análisis del BOE consigna «Fecha de entrada en vigor: 08/10/2026». En la nota de vigencias del artículo 10, el BOE lo expresa así: «Se modifica, con efectos de 8 de octubre de 2026, por el art. 3.8 del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre».
Ese es el real decreto-ley que el Congreso convalidó el 12 de noviembre. La convalidación no cambia su texto: confirma que no se deroga.
Cuatro reales decretos-leyes sobre el mismo artículo en seis semanas
La confusión de estas semanas tiene una explicación material: sobre el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos se han proyectado cuatro reales decretos-leyes entre finales de septiembre y noviembre de 2026, y tres de ellos han sido derogados por el Congreso. La propia nota de vigencias del artículo lo deja ver.
- Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre (BOE-A-2026-20266): modificó el apartado 1 del artículo 10. Derogado por Resolución de 2 de octubre de 2026 (BOE-A-2026-20526).
- Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre (BOE-A-2026-20385): modificó el artículo 10 por su artículo único. Derogado por Resolución de 2 de octubre de 2026 (BOE-A-2026-20527). Lo contamos apartado por apartado cuando se publicó (ver la noticia).
- Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre (BOE-A-2026-20823): dio al artículo 10 su redacción actual por el artículo 3.8, con efectos del 8 de octubre de 2026. Convalidado el 12 de noviembre (BOE-A-2026-23755).
- Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre (BOE-A-2026-20822): volvía a modificar el artículo 10, con efectos previstos para el 15 de noviembre de 2026. Derogado el 12 de noviembre, publicado el 13 (BOE-A-2026-23754), antes de esa fecha. Publicamos entonces lo que decía su texto (ver la noticia); esa pieza describe una norma que el Congreso ha retirado y que no llegó a entrar en vigor.
Las dos derogaciones de octubre y la de noviembre se tramitaron por la misma vía: el artículo 86.2 de la Constitución, que es el precepto que las tres resoluciones invocan.
Cómo comprobarlo por cuenta propia
Cuando un artículo cambia cuatro veces en seis semanas, el riesgo no es equivocarse de ley, sino leer la redacción de la semana anterior. El texto consolidado del BOE permite verificarlo: en la página del artículo 10 de la Ley 29/1994 (enlace en las fuentes de esta pieza), bajo el texto aparece el bloque «Seleccionar redacción», que lista cada versión con su fecha de publicación y su fecha de entrada en vigor. A 17 de noviembre de 2026, la primera línea de ese bloque dice: «Última actualización, publicada el 13/11/2026, en vigor a partir del 13/11/2026».
Esa segunda fecha es la que importa, y no siempre coincide con la primera: el consolidado puede estar sirviendo una redacción cuya vigencia empieza más adelante. Merece la pena leerla antes de contar un plazo.
Esta pieza describe el régimen general de la ley estatal. No sustituye el examen del contrato concreto, que puede estar sometido a un régimen transitorio propio según su fecha de celebración, ni el asesoramiento de un profesional sobre un vencimiento determinado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto preaviso tiene que dar el arrendador hoy para no prorrogar el contrato?
El artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la redacción que el BOE sirve a 17 de noviembre de 2026, exige que la notificación se haga «al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario». Esa redacción es la que introdujo el Real Decreto-ley 29/2026, con efectos del 8 de octubre de 2026, convalidado por el Congreso el 12 de noviembre.
¿Entró en vigor el 15 de noviembre el Real Decreto-ley 28/2026?
No. Su disposición final segunda decía «El presente real decreto-ley entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026», pero la Diputación Permanente del Congreso acordó derogarlo el 12 de noviembre y el acuerdo se publicó en el BOE del 13 (BOE-A-2026-23754). La ficha de análisis del BOE sobre esa norma consigna «Fecha de entrada en vigor: 15/11/2026» y «Fecha de derogación: 13/11/2026».
¿Hasta cuándo se prorroga el contrato si nadie avisa?
Según el artículo 10.1 vigente, «el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más», y el arrendatario puede cortar cualquiera de esas anualidades avisando con un mes de antelación. La prórroga es anual y el techo son tres años; los cinco o siete años que el mismo apartado menciona se refieren a la duración mínima previa del contrato, regulada en el artículo 9.1.
¿Qué prórrogas extraordinarias contempla el artículo 10?
Dos. El apartado 2 prevé «una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de un año», previa solicitud del arrendatario, que debe acreditar «una situación de vulnerabilidad social y económica» mediante informe o certificado de los servicios sociales, y que el arrendador ha de aceptar obligatoriamente cuando sea gran tenedor según la Ley 12/2023. El apartado 3 prevé, para viviendas en zona de mercado residencial tensionado, prorrogar «por plazos anuales, por un periodo máximo de tres años», también a solicitud del arrendatario y con las salvedades que el propio apartado enumera.
¿Qué diferencia hay entre derogar y convalidar un real decreto-ley?
Ambos acuerdos se adoptan por la vía del artículo 86.2 de la Constitución. La convalidación confirma el real decreto-ley, que sigue en el ordenamiento con el texto que tenía; la derogación lo retira. El 12 de noviembre de 2026 el Congreso hizo las dos cosas: convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 (BOE-A-2026-23755) y derogó el 28/2026 (BOE-A-2026-23754). Véanse las entradas derogación y entrada en vigor del diccionario.
Fuentes
- Resolución de 12 de noviembre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (se abre en una pestaña nueva)
- Resolución de 12 de noviembre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (texto consolidado), artículos 9 y 10 (se abre en una pestaña nueva)
- Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (artículo 3.Ocho y disposición final decimoprimera) (se abre en una pestaña nueva)
- Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (disposición final segunda; derogado) (se abre en una pestaña nueva)
- Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (derogado) (se abre en una pestaña nueva)
- Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (derogado) (se abre en una pestaña nueva)
- Resolución de 2 de octubre de 2026, del Congreso de los Diputados, Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre (se abre en una pestaña nueva)
- Resolución de 2 de octubre de 2026, del Congreso de los Diputados, Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (texto consolidado), citada en el artículo 10.2 de la Ley 29/1994 para la definición de gran tenedor (se abre en una pestaña nueva)
- Constitución Española, artículo 86.2, invocado en las dos resoluciones del Congreso (se abre en una pestaña nueva)
María Eugenia de Araujo
Coordinadora Editorial
Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

