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El BOE publica el Reglamento del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior: certificado de persona retornada y nueva denominación de la prestación para mayores de 65 años

Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).

El Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre de 2026 publica el Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de…

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Qué publica el BOE

El Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre de 2026 (sección I) publica el Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre (BOE-A-2026-23384), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. La norma se aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre, a propuesta de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El propio preámbulo explica el contexto: «Ya han transcurrido casi veinte años desde la aprobación de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, sin que haya contado con un reglamento de desarrollo.» Hasta ahora, la materia estaba repartida en varias normas de aplicación parcial, como el Real Decreto 8/2008 (prestación por razón de necesidad), el Real Decreto 230/2008 (Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior) y el Real Decreto 1960/2009 (Consejos de Residentes Españoles).

Según la parte expositiva, el reglamento «consta de ciento cinco artículos, estructurados en cinco títulos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales». El real decreto que lo aprueba contiene, además, un artículo único, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

Esta pieza describe qué publica el BOE y reproduce literalmente sus preceptos principales. No valora cómo se aplicará a casos concretos: para eso conviene consultar a un profesional del derecho administrativo o de la Seguridad Social.

A quién se aplica el reglamento

El artículo 2 del reglamento delimita su ámbito subjetivo. Se aplica, en primer lugar, «A quienes ostenten la nacionalidad española y residan fuera del territorio nacional.» El precepto enumera después tres grupos más:

  • La ciudadanía española que se desplace temporalmente al exterior, «incluyendo a quienes lo hagan en el ejercicio del derecho a la libre circulación».
  • «A los españoles de origen que retornen a España para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad española antes del regreso.»
  • Los familiares de los anteriores, en los términos que el propio artículo detalla (cónyuge o pareja, y descendientes hasta el primer grado en determinadas condiciones).

La referencia a la nacionalidad española de origen es recurrente en todo el texto: aparece en la definición de persona retornada, en las prestaciones por razón de necesidad y en la asistencia sanitaria.

El artículo 4 dedica un precepto específico a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior. Su apartado 2 remite al artículo 1.3 y 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de violencia de género, y al artículo 3.1 de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, para delimitar qué se entiende por violencia contra las mujeres a efectos del reglamento.

Persona española retornada: definición y nuevo certificado

El capítulo II del título preliminar define el retorno y la condición de persona retornada. El artículo 5.1 establece: «A los efectos establecidos en este reglamento, se entiende por retorno el regreso o el traslado de una persona con nacionalidad española de origen al territorio nacional para establecer su residencia con carácter definitivo.»

El apartado 2 del mismo artículo añade que «El retorno definitivo se acreditará mediante certificado de empadronamiento histórico que demuestre la voluntad de residencia en España.» Sobre el padrón puede consultarse la entrada empadronamiento del diccionario.

Quién es persona retornada

El artículo 6 distingue dos supuestos: quien nació en España y regresa tras residir en el exterior, y la persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero que se traslada a España para residir con carácter definitivo. Además, el apartado 4 fija un requisito de inscripción consular: «el periodo mínimo de inscripción en dicho registro será de 12 meses antes de la fecha de la baja consular», referido al Registro de Matrícula Consular de la oficina consular del país de residencia.

El certificado

La novedad que destaca el preámbulo es el certificado de persona española retornada. Según el artículo 8.1, el certificado «hará constar la nacionalidad española de origen, la fecha de baja en el Registro de Matrícula Consular, la fecha de retorno a España, entendiendo por dicha fecha la correspondiente al empadronamiento, y el país de procedencia».

El artículo 9.2 enumera la documentación que debe acompañar a la solicitud:

  • Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor.
  • «Certificado literal de nacimiento del Registro Civil de España, actualizado.»
  • «Certificado de baja en el Registro Matrícula Consular.»
  • «Certificado de empadronamiento histórico, individual y colectivo.»

La solicitud se presenta, según el artículo 9.3, «preferentemente, en el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior», y también puede presentarse en la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno o en los registros del artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común. Sobre el plazo, el artículo 10 dispone: «La resolución y su notificación se realizará en el plazo máximo de tres meses.»

Cambio de nombre de la prestación por ancianidad

El título II reúne las prestaciones por razón de necesidad. La más conocida cambia de denominación. La disposición transitoria cuarta del real decreto lo formula así: las referencias a la «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior» se entenderán hechas «a la «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años»».

El preámbulo justifica el cambio en la adaptación del lenguaje a «palabras que cada vez se utilizan menos, o que incluso han caído en desuso, como el término «ancianidad»».

Requisitos que enumera el artículo 42

El artículo 42.2 recoge los requisitos que deben acreditar las personas solicitantes. Entre ellos:

  • «Residir legal y efectivamente en aquellos países donde la precariedad del sistema de protección social justifique la necesidad de esta prestación.»
  • «Haber cumplido sesenta y cinco años en la fecha de la solicitud de la prestación económica.»
  • Carecer de rentas, ingresos y patrimonio en los términos del artículo 47.
  • No haber donado bienes en los cinco años anteriores por encima del valor que fija el propio precepto.

El artículo 43 regula la prestación por incapacidad absoluta para personas residentes en el exterior, y su apartado 8 prevé que, al cumplir 65 años, esa prestación «pasará a ser prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años». En cuanto al tope, el artículo 49.5 dispone que la cuantía máxima «no superará la establecida en España en cada momento para la modalidad no contributiva de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social». Sobre esa modalidad puede verse la entrada pensión no contributiva.

Asistencia sanitaria y entrada en vigor escalonada

El capítulo III del título II regula la asistencia sanitaria. El artículo 58.2 enumera las situaciones de las personas beneficiarias, entre ellas: «Ser persona menor de 16 años, española de origen, en situación de vulnerabilidad económica en los términos establecidos en el artículo 46.», y «Ser víctima española de violencia contra las mujeres.»

Para una parte de esas personas beneficiarias la entrada en vigor es distinta. La disposición final tercera del real decreto dice textualmente:

«El presente real decreto y el reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Se exceptúa de lo anterior el derecho a la asistencia sanitaria de las personas incluidas en el artículo 58.2 c), d), e) y f) del reglamento que aprueba este real decreto, que entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».»

Para los procedimientos ya iniciados, la disposición transitoria primera establece que las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor «continuarán su tramitación hasta la resolución del procedimiento correspondiente conforme a la normativa vigente en el momento de la presentación».

La política de retorno, desarrollada por primera vez

Según el preámbulo, «El título III atiende por primera vez la política integral de retorno, prevista en el título II de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que no ha sido nunca objeto de desarrollo general por un real decreto.»

La Oficina Española del Retorno

El artículo 96.1 describe la Oficina Española del Retorno, adscrita a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, que «canaliza toda la información relativa a las normas, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno». El mismo apartado añade que «realizará funciones de orientación y asesoramiento a las personas españolas que decidan retornar».

Títulos universitarios

El capítulo IV del título III trata la educación y la formación. El artículo 101 se ocupa de la homologación de títulos y del reconocimiento de estudios universitarios, y su apartado 3 indica que la Dirección General «promoverá la creación de un canal especializado de información y orientación para la ciudadanía española en el exterior sobre los procedimientos de homologación y equivalencia».

Una ayuda al retorno, pendiente de regulación

La disposición final primera del reglamento anuncia una ayuda que todavía no está regulada: «En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente reglamento, el Gobierno aprobará la regulación de una ayuda económica dirigida a facilitar el retorno a España de las personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica, de 18 a 65 años, con especial atención a las personas españolas víctimas de violencia contra las mujeres.» El texto fija para esa futura norma «una cuantía básica de 4.000 euros por beneficiario individual, que podrá incrementarse hasta 7.600 euros cuando se trate de unidades familiares con tres o más familiares a cargo». El reglamento no regula esa ayuda: remite su regulación a una norma posterior del Gobierno.

Silencio administrativo, normas derogadas y tramitación electrónica

La disposición adicional segunda del reglamento fija el sentido del silencio administrativo en tres procedimientos: «El sentido del silencio administrativo recogido en los artículos 51.2, 59.3, y 75.6 es desestimatorio». Los artículos 52 y 76 regulan, por su parte, el recurso de alzada en las prestaciones del título II.

La disposición derogatoria única del real decreto deroga, entre otras, las siguientes normas:

  • El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, de la prestación por razón de necesidad, «excepto en su artículo 26, que conservará su vigencia en los términos de la normativa aplicable».
  • El Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
  • El Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre, de los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero.

Por último, el artículo 105.1 recoge que «La ciudadanía española en el exterior y las entidades que representen sus intereses tienen derecho a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones públicas españolas, en los términos previstos en la normativa aplicable.» Sobre este punto puede consultarse la entrada administración electrónica.

Claves de la norma

  • Norma: Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre (BOE-A-2026-23384), publicado el 9 de noviembre de 2026.
  • Qué aprueba: el reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, con 105 artículos.
  • Novedad documental: el certificado de persona española retornada (artículos 7 a 10).
  • Cambio de nombre: la prestación por ancianidad pasa a ser «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años».
  • Entrada en vigor: a los veinte días de su publicación, salvo la asistencia sanitaria del artículo 58.2 c) a f), al año.
  • Pendiente: la regulación de la ayuda al retorno anunciada en la disposición final primera del reglamento.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Real Decreto 954/2026?

Es la norma publicada en el BOE del 9 de noviembre de 2026 que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Reúne en un solo texto materias que antes estaban en varios reales decretos, como la prestación por razón de necesidad o los órganos de participación de la ciudadanía en el exterior. Véase la entrada reglamento.

¿Qué recoge el certificado de persona española retornada?

Según el artículo 8.1 del reglamento, hace constar la nacionalidad española de origen, la fecha de baja en el Registro de Matrícula Consular, la fecha de retorno a España (la del empadronamiento) y el país de procedencia. La solicitud se acompaña, entre otros documentos, del certificado literal de nacimiento del Registro Civil y del certificado de empadronamiento histórico.

¿Cómo se llama ahora la prestación por ancianidad para residentes en el exterior?

La disposición transitoria cuarta del real decreto establece que las referencias a la «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior» se entenderán hechas a la «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años».

¿Cuándo entra en vigor el reglamento?

La disposición final tercera establece que el real decreto y el reglamento entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, con una excepción: la asistencia sanitaria de las personas del artículo 58.2 c), d), e) y f), que entra en vigor al año de su publicación.

¿Qué otras normas reglamentarias ha publicado recientemente el BOE?

En derechoabogados.es hemos descrito, por ejemplo, los fallos del Supremo que anulan preceptos del Reglamento de Extranjería y la resolución sobre extinción de créditos y derechos de la Seguridad Social. Sobre el sentido del silencio en la vía administrativa, véase también la pieza sobre la STS 8330/2024.

Fuentes

Revisión editorial y jurídica: María Eugenia de Araujo

María Eugenia de Araujo

Coordinadora Editorial

Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

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