
Siete áreas en Santander: penal, mercantil, seguros, inmobiliario y familia.
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Si has recibido una denuncia de tráfico y dudas entre alegar o pagar, te han notificado la pérdida de puntos, o has dado positivo en un control, lo primero es distinguir en qué terreno estás: una multa administrativa y un delito contra la seguridad vial se tramitan por vías distintas, con plazos y consecuencias que no se parecen. Aquí encontrarás qué hacer en cada caso, qué plazos corren desde la notificación y los despachos especializados en tráfico de tu provincia.
Ver los despachos especializados en tráficoQué plazos corren desde la notificación
¿Dónde necesitas un abogado de derecho de la circulación?
Sólo salen las localidades con despachos de esta área en el directorio: no hay forma de acabar en una lista vacía.
El Derecho de la Circulación regula la conducción y el uso de las vías públicas, y agrupa dos cosas que se parecen poco: el expediente administrativo por una infracción de tráfico —multa, puntos, pérdida del permiso— y el proceso penal por los delitos contra la seguridad vial, que se juzgan en un juzgado y pueden acabar en pena de prisión. Una misma conducta, conducir con exceso de alcohol, puede ser una cosa o la otra según la tasa.
Quien busca abogado ahora mismo no está comparando con calma: está en un apuro y elige a quien ve primero. Destacar tu despacho pone tu ficha arriba del todo en tu especialidad y ciudad, justo en el momento en que esa decisión se toma — más llamadas y más clientes reales, no solo más visitas.
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El orden de los despachos es aleatorio y cambia en cada visita — no indica preferencia ni ranking.

Siete áreas en Santander: penal, mercantil, seguros, inmobiliario y familia.

Once áreas y abierto desde 1975 en Segovia: penal, civil y laboral.

Penal, seguros y tráfico en Ceuta, con unos 25 años de trayectoria.

24 áreas desde 2001 en Alcobendas: laboral, despidos y seguros.
En la vía administrativa el asunto empieza con una denuncia y sigue por uno de los dos procedimientos que prevé la Ley de Tráfico: el abreviado, si se paga voluntariamente, y el ordinario, si se alega. La diferencia no es de trámite, es de estrategia: pagar pronto reduce la multa a la mitad, pero cierra el expediente, hace renunciar a las alegaciones y deja el asunto recurrible sólo ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Y el pago no devuelve los puntos: la pérdida de puntos se ejecuta igual.
En la vía penal el asunto cambia de naturaleza. El Código Penal castiga conducir a más de 60 km/h sobre el límite en vía urbana o más de 80 en interurbana, hacerlo bajo la influencia de drogas o alcohol —y en todo caso por encima de 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre—, negarse a las pruebas de alcoholemia, conducir sin puntos o sin haber obtenido nunca el permiso, y la conducción temeraria. Cuando además hay un lesionado o un fallecido, entra en juego la imprudencia de los artículos 142 y 152, y junto a la responsabilidad penal se discute la civil: quién indemniza y cuánto, con el seguro obligatorio de por medio.
En tráfico casi todo se pierde por el calendario, no por el fondo: los veinte días para alegar o pagar con descuento corren en días naturales desde el día siguiente a la notificación, y el mes para el recurso de reposición también. Dos plazos juegan a favor del sancionado y conviene mirarlos siempre: la prescripción de la infracción, que se cuenta desde el mismo día en que se cometió el hecho y se interrumpe con cualquier actuación de la que el denunciado tenga conocimiento, y la caducidad del expediente al año de su inicio si no ha recaído resolución. Ninguna de estas cifras sustituye al cálculo del caso: la fecha de notificación válida es la que manda, y es justo lo que se discute.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Pago voluntario con reducción del 50 % de la multa | En el acto de la denuncia o dentro de los 20 días naturales siguientes a su notificaciónart. 94 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Alegaciones y proposición de prueba en el procedimiento ordinario | 20 días naturales desde la notificación de la denunciaart. 95.1 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Recurso de reposición, potestativo, contra la resolución sancionadora | 1 mes desde el día siguiente a la notificaciónart. 96.2 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Pago de la multa ya firme, antes de la vía de apremio | 15 días naturalesart. 110.1 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Prescripción de la infracción, contada desde el día en que se cometió el hecho | 3 meses las leves y 6 meses las graves y muy gravesart. 112.1 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Caducidad del expediente sancionador si no hay resolución | 1 año desde la iniciación del procedimientoart. 112.3 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Recuperación de la totalidad del crédito de puntos tras una pérdida parcial | 2 años sin ser sancionado en firme por infracciones que detraigan puntosart. 65.1 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
| Notificación de la pérdida de vigencia del permiso al agotarse los puntos | 15 días desde que se constata la pérdida totalart. 71.1 Ley de Tráfico (se abre en una pestaña nueva) |
En la vía administrativa no son obligatorios abogado ni procurador, así que el coste real de recurrir una multa está sobre todo en decidir bien: pagar con la reducción por pronto pago supone renunciar a las alegaciones, que se tienen por no presentadas, y esa renuncia es dinero cierto frente a un resultado que no lo es. Si el asunto pasa al contencioso-administrativo sí se necesita abogado (el procurador es potestativo ante los juzgados, art. 23 de la Ley 29/1998), y conviene valorar antes si lo que está en juego compensa el procedimiento. En la vía penal por delito contra la seguridad vial la cuenta cambia por completo, porque ahí se discuten la pena y el permiso, y existe defensa de oficio para quien reúna los requisitos. Pide presupuesto por fases y pregunta qué incluye la recuperación de puntos.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
Depende de si vas a discutir el fondo. Pagar reduce el importe a la mitad y cierra el expediente el mismo día, pero implica renunciar a las alegaciones y deja la sanción recurrible sólo ante el orden contencioso-administrativo.
Sí. La reducción del 50 % afecta al importe de la multa; la pérdida de puntos es una consecuencia distinta, prevista en el baremo legal, y se ejecuta igual.
La infracción prescribe a los tres meses si es leve y a los seis si es grave o muy grave, contados desde el día en que se cometió el hecho. El plazo se interrumpe con cualquier actuación administrativa de la que tengas conocimiento, así que la fecha que importa no es la de la denuncia, sino la de la última notificación válida.
No. Constatada la pérdida total, la Jefatura Central de Tráfico declara la pérdida de vigencia del permiso y lo notifica en quince días. Conducir después de esa declaración es delito castigado en el artículo 384 del Código Penal.
El Código Penal condena en todo caso al que conduce con una tasa superior a 0,60 miligramos por litro en aire espirado o a 1,2 gramos por litro en sangre. Por debajo de esa tasa puede seguir habiendo infracción administrativa, y también delito si se acredita que conducía bajo la influencia del alcohol.
La negativa a someterse a las pruebas, requerido por un agente, es un delito autónomo del artículo 383 del Código Penal, castigado con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir.
Si ha transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento sin resolución sancionadora, se produce la caducidad y procede el archivo, de oficio o a solicitud de cualquier interesado.
Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.
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Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.
Conviene distinguir dos caminos que en tráfico se confunden y que no se cubren igual. Si el asunto es una sanción administrativa, la ley alcanza la vía administrativa previa sólo cuando así lo establece la legislación específica, y en esa fase no son preceptivos abogado ni procurador; el derecho opera con normalidad cuando el asunto llega al juzgado. Si el asunto es penal —los delitos contra la seguridad vial—, la asistencia de abogado está garantizada desde el primer momento con independencia de sus recursos, y la designación de oficio no prejuzga el reconocimiento del derecho, que se resuelve aparte. En los dos casos el reconocimiento exige lo mismo: carecer de patrimonio suficiente y no superar unos umbrales de ingresos brutos anuales por unidad familiar, fijados en múltiplos del IPREM vigente el día de la solicitud y no en euros. Y si además reclamas por lesiones sufridas en un accidente, pide expresamente la asistencia pericial: el derecho comprende la pericial a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, y es el informe médico el que decide la indemnización.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado que ha de conocer del asunto, o en el juzgado de tu domicilio, que dará traslado al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Si hay una detención o una comparecencia inmediata, la asistencia se presta en ese momento a través del servicio de guardia y la solicitud del derecho se tramita después.
Base legal: Artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.