Abogados de Responsabilidad Civil

En qué consiste

El artículo 1902 del Código Civil enuncia la regla básica: quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Sobre esa frase se levanta casi todo el trabajo del área: acreditar el daño, la conducta y el nexo entre ambos.

El Código añade que esa obligación no es solo exigible por los actos propios, sino también por los de aquellas personas de quienes se debe responder —el artículo 1903—, con la regla de que quien paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de ellos lo satisfecho (artículo 1904). En la vía contractual, el 1101 sujeta a indemnizar a quien incurre en dolo, negligencia o morosidad, y el 1106 fija qué comprende la indemnización: el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener.

Frente a la Administración el régimen es otro: la Ley 40/2015 reconoce el derecho a ser indemnizado por toda lesión consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar, y la reclamación tiene su propio plazo.

Cuándo necesitas un abogado de responsabilidad civil

• Has sufrido un daño —personal, material o económico— y quieres saber quién responde y por cuánto.
• Te reclaman como responsable de un daño que causó otra persona de la que respondes.
• El daño viene de un incumplimiento contractual y hay discusión sobre qué se puede reclamar.
• El daño lo ha causado un servicio público y hay que ir por responsabilidad patrimonial.
• La aseguradora ofrece una cantidad y no sabes si cubre todo el perjuicio.
• Han pasado meses desde el daño y necesitas saber si tu acción sigue viva.

Cómo funciona el proceso

1. Calificar la vía. Lo primero es decidir si el daño es contractual o extracontractual, o si el responsable es una Administración. De esa calificación dependen el plazo, el órgano competente y lo que hay que probar.
2. Documentar el daño. El daño se prueba, no se afirma: informes, facturas, partes, periciales. La indemnización comprende el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener, y cada una se acredita por separado.
3. Reclamación previa y negociación. Antes del pleito suele haber una reclamación al responsable o a su aseguradora. Es también el momento que interrumpe la prescripción, y conviene dejar rastro fehaciente.
4. Demanda. Si no hay acuerdo, la reclamación se lleva ante el juzgado civil competente, con la prueba ya preparada.
5. Si responde una Administración. El cauce es el procedimiento de responsabilidad patrimonial, que se inicia a solicitud del interesado y solo mientras su derecho a reclamar no haya prescrito.

Plazos

El plazo es el primer sitio donde se pierde una reclamación de responsabilidad civil, y no hay uno solo: depende de la vía. La acción por culpa o negligencia del artículo 1902 prescribe al año, y el cómputo no arranca el día del daño sino desde que lo supo el agraviado, matiz que decide muchos asuntos. Las acciones personales sin plazo especial —donde encaja la responsabilidad contractual— tienen cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento. Y frente a la Administración, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto lesivo. Ninguna de estas cifras sustituye al cálculo del caso: el día inicial depende de hechos que solo se ven en el expediente.

Costes orientativos

El precio depende de la cuantía reclamada y, sobre todo, de la prueba que exige acreditar el daño y la relación con la conducta: la pericial es casi siempre necesaria y es la partida que más pesa después de la minuta. Conviene saber desde el principio si hay una aseguradora detrás del responsable, porque cambia la estrategia y a menudo permite un acuerdo extrajudicial que evita el pleito y su coste. Las costas se imponen por regla a quien ve rechazadas todas sus pretensiones, pero pedir una cantidad muy superior a la que se acredita puede dejar sin esa condena aunque se gane el fondo. Pide presupuesto separando la fase extrajudicial de la demanda: muchos de estos asuntos terminan en la primera.

Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.

Documentación necesaria

• El contrato, presupuesto o encargo del que nace la relación, si el daño viene de un incumplimiento
• El informe pericial que cuantifique el daño, que normalmente hay que encargar
• La póliza completa con sus condiciones generales y particulares, propia o del responsable, pidiéndola a la aseguradora si no la conservas
• El atestado o el parte de intervención, si acudieron policía, bomberos o servicios de emergencia
• La historia clínica y los partes de evolución, solicitados al centro, cuando hay daño personal
• La acreditación del lucro cesante: declaraciones, contratos perdidos o partes de baja laboral

Normativa aplicable

• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), art. 1101
  Sujeta a indemnizar los daños y perjuicios a quienes, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurren en dolo, negligencia o morosidad, y a los que de cualquier modo contravienen su tenor.
• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), art. 1106
  La indemnización de daños y perjuicios comprende el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia que se haya dejado de obtener.
• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), art. 1902
  Quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), art. 1903
  Extiende esa obligación a los daños causados por las personas de quienes se debe responder, con las reglas que enumera para padres, tutores, titulares de centros docentes y empresarios.
• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), art. 1904
  Quien paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de ellos lo que hubiese satisfecho.
• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), arts. 1964 y 1968
  Fijan los plazos de prescripción: cinco años las acciones personales sin plazo especial y un año la acción por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia del artículo 1902, desde que lo supo el agraviado.
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (se abre en una pestaña nueva), art. 32
  Reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar.
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (se abre en una pestaña nueva), art. 34
  Regula el alcance de la indemnización en la responsabilidad patrimonial de la Administración.
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (se abre en una pestaña nueva), art. 67
  El interesado solo puede iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial mientras no haya prescrito su derecho a reclamar, que prescribe al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto lesivo.

Preguntas frecuentes

Términos de responsabilidad civil explicados

Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.

Errores frecuentes

Lo que más caro sale en responsabilidad civil, y por qué.

1. Contar el plazo desde el día del accidente. En la acción del 1902 el año corre desde que lo supo el agraviado. Confundirlo hace perder acciones que seguían vivas.
2. Reclamar sin dejar rastro. Una reclamación que no se puede acreditar no interrumpe la prescripción. La forma importa tanto como el fondo.
3. Pedir solo el daño visible. La indemnización comprende también la ganancia dejada de obtener, y esa partida hay que cuantificarla y probarla.
4. Tratar el daño de un servicio público como uno civil. El cauce es distinto y el plazo también. Equivocar la vía suele costar el año.

Qué no es

Confusiones que salen caras en responsabilidad civil: qué las distingue y qué cambia según cuál sea tu caso.

Casos típicos

Situaciones habituales y el camino que suelen seguir. Describen un itinerario general, no lo que va a pasar en tu caso.

1. Has sufrido un daño y no sabes quién responde ni por cuánto. Lo primero es situar el daño: si viene de incumplir un contrato o de fuera de él, porque el régimen y los plazos son distintos y mezclarlos es el error habitual. Después se identifica al responsable, que no siempre es quien materialmente causó el daño, y se comprueba si hay seguro detrás. La cuantificación se hace con criterios acreditables y con la prueba reunida desde el principio, no reconstruida meses después.
2. Te reclaman por un daño que causó otra persona. Existen supuestos en que se responde por el hecho de otro —dependientes, personas a cargo, actividades bajo la propia organización—, y lo primero es ver si el caso encaja en alguno y en qué condiciones. Se revisa también la póliza, porque muchas reclamaciones las asume el seguro si se comunican en plazo y en forma, y comunicar tarde puede dejar sin cobertura un siniestro cubierto.
3. La aseguradora ofrece una cantidad y no sabes si cubre todo el perjuicio. Se comprueba qué partidas incluye la oferta y cuáles faltan: daño personal, daño material, lucro cesante y gastos acreditados no siempre se calculan juntos. Aceptar cierra la reclamación por lo aceptado, así que la revisión se hace antes de firmar y, si hay secuelas, después de que estén estabilizadas.
4. Han pasado meses o años y temes que ya no puedas reclamar. Se determina qué acción corresponde, porque de eso depende el plazo, y desde cuándo empieza a contarse, que no siempre es la fecha del hecho: en daños que se manifiestan después, el cómputo puede arrancar más tarde. También se comprueba si hubo reclamaciones que lo interrumpieran, y ahí es donde valen los requerimientos escritos que se hicieron en su día.

La primera consulta

Qué llevar

• La prueba del daño: informes, presupuestos de reparación, facturas y fotografías con fecha
• El contrato con la otra parte, si el daño viene de una relación contractual
• Las pólizas de seguro que puedan cubrir el hecho, tuyas o de terceros
• Las comunicaciones cruzadas con el responsable o con su aseguradora
• Los partes médicos, si hay daño personal, desde el primero
• Los datos de quienes presenciaron el hecho

Qué te preguntarán

• Qué ocurrió exactamente, en qué fecha y quién intervino
• Si había un contrato de por medio, porque cambia el régimen y el plazo
• Quién crees que responde y por qué
• En qué consiste el daño y cómo lo has cuantificado hasta ahora
• Cuándo se manifestó el daño, que no siempre coincide con el hecho
• Si has reclamado ya y qué te han contestado

Qué deberías preguntar tú

• Si mi caso es contractual o extracontractual y qué plazo tiene cada uno
• Si hay una aseguradora detrás y si se puede reclamar directamente contra ella
• Qué daños se pueden acreditar con lo que tengo
• Qué riesgo hay en pedir una cantidad muy superior a la que se pruebe

Cómo elegir abogado de responsabilidad civil

Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.

Que sitúe desde el principio si la vía es contractual o extracontractual

De esa calificación dependen el plazo, lo que hay que probar y contra quién se dirige la reclamación. Es la primera decisión técnica del asunto y la que más veces se toma mal, porque muchos casos admiten las dos lecturas y sólo una conviene.

Que identifique pronto si hay un seguro que deba responder

Detrás de muchos daños hay una póliza —del causante, de una comunidad, de un profesional— y localizarla cambia por completo la estrategia y las posibilidades reales de cobro. Reclamar sólo al responsable cuando había aseguradora es perder tiempo y solvencia.

Que trabaje con peritos y sepa cuándo hace falta uno

La cuantificación del daño se sostiene en informes técnicos, y un peritaje pedido tarde vale menos porque las huellas del daño desaparecen. Un despacho con criterio dice desde el principio qué prueba hay que asegurar y en qué orden.

Que te explique el plazo y desde cuándo cuenta en tu caso

En daños que se manifiestan con el tiempo, el cómputo puede arrancar más tarde que el hecho, y esa diferencia decide si la acción está viva. Que el despacho lo razone con tu caso delante, y no con una regla general, es lo que separa una consulta útil de una respuesta de manual.

Justicia gratuita

En una reclamación de responsabilidad civil la prueba pericial suele valer más que el resto del procedimiento junto, y ahí es donde la justicia gratuita marca la diferencia: el derecho comprende la asistencia pericial gratuita a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales. Conviene entender el alcance exacto, porque es lo que más se malinterpreta: no es un perito privado pagado por el Estado, sino el técnico adscrito al órgano judicial; sólo con carácter excepcional, y por resolución motivada, cabe otra cosa. Aun así, en un asunto en que el informe decide el resultado, esa prestación puede ser la diferencia entre reclamar y no reclamar. El derecho se reconoce a quien carece de patrimonio suficiente y no supera unos umbrales de ingresos brutos anuales por unidad familiar, que la ley fija en múltiplos del IPREM vigente el día en que se presenta la solicitud y no en euros. Cubre además el asesoramiento previo al proceso, abogado y procurador cuando son preceptivos y la exención de tasas y depósitos para recurrir. Y antes de decidir, mira los plazos, que en esta materia son cortos: si pides la justicia gratuita antes de demandar, la solicitud interrumpe la prescripción hasta que te designen abogado; si el pleito ya ha empezado, no lo detiene por sí sola, pero el juzgado puede suspenderlo para que no pierdas un trámite, y conviene pedírselo por escrito (art. 16 de la Ley 1/1996).

Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado que ha de conocer del asunto, o en el juzgado de tu domicilio, que dará traslado al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Indica expresamente que solicitas la asistencia pericial, porque es la prestación que más peso tiene aquí y hay que pedirla.

Base legal: Artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.