Fachada del Palacio de la Marquesa de la Sonora, sede del Ministerio de Justicia en Madrid

Justicia publica el proyecto de nuevo Reglamento de acceso a la Abogacía y la Procura: qué dice el borrador

Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha difundido, con fecha 6 de noviembre de 2026, el proyecto de real decreto por el que se aprueba un nuevo…

Luis García (Zaqarbal), Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 (se abre en una pestaña nueva) · Fuente (se abre en una pestaña nueva)

Qué ha publicado el Ministerio

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha difundido en su web, en el apartado de actividad legislativa, el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, junto con su memoria del análisis de impacto normativo. Ambos documentos llevan fecha de 6 de noviembre de 2026 y figuran como propuesta conjunta de ese Ministerio y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se trata de un proyecto, no de una norma publicada en el Boletín Oficial del Estado. La fórmula final del texto deja la fecha en blanco («Madrid, … de… de 2026») y el documento se encabeza con la frase «Se propone al Consejo de Ministros la aprobación del siguiente proyecto de disposición». Lo que sigue describe lo que dice ese borrador, que puede cambiar durante su tramitación.

El preámbulo del proyecto resume su finalidad en estos términos:

«el proyecto de real decreto tiene por objeto la aprobación de un nuevo Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y de la Procura.»

Por qué un reglamento nuevo: el Real Decreto 64/2023, anulado

El preámbulo reconstruye la historia normativa. La Ley 34/2006 se desarrolló primero por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Después, la Ley 15/2021, de 23 de octubre, modificó la ley para establecer un acceso único a la abogacía y a la procura, y el Gobierno aprobó el Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, para adaptar el reglamento a ese nuevo sistema.

Según el propio proyecto, ese Real Decreto 64/2023 fue recurrido por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Consejo General de Procuradores de España. El texto cita dos sentencias del Tribunal Supremo: la n.º 685/2024, de 23 de abril, que anuló un inciso del reglamento, y la n.º 1975/2024, de 17 de diciembre, que, en palabras del preámbulo, anuló el real decreto «por motivos formales».

La consecuencia la expresa el mismo documento:

«la anulación del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, aprobado por Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, supone que en la actualidad sigue vigente el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio»

El preámbulo añade que el contenido de ese reglamento de 2011 «no está adaptado a la modificación legal operada en dicha ley en virtud de la Ley 15/2021, de 23 de octubre», y califica la adaptación de «inaplazable».

La memoria del análisis de impacto normativo coincide en el diagnóstico y recuerda que la disposición final primera de la Ley 15/2021 fijaba un plazo de seis meses para adaptar el reglamento, «plazo que ya está vencido».

Qué dice hoy la Ley 34/2006

El reglamento proyectado desarrolla una ley que ya está en vigor. Su artículo 2.1, en la redacción consolidada que publica el BOE, establece:

«Tendrán derecho a obtener el título profesional para el ejercicio de las profesiones de la abogacía y la procura las personas que se encuentren en posesión del título universitario de la Licenciatura en Derecho o del Grado en Derecho y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta Ley.»

El artículo 1.4 de la misma ley contiene la regla de incompatibilidad entre ambas profesiones: la obtención del título habilita para colegiarse en uno u otro colegio, «no siendo posible simultanear ni la colegiación como ejerciente en un Colegio de Abogados y en un Colegio de Procuradores ni el ejercicio de ambas profesiones».

Y el artículo 7.6 fija dos reglas sobre las convocatorias de la evaluación: «Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un número limitado de plazas.»

Sobre esa base, el preámbulo del proyecto describe así el modelo de la Ley 15/2021: un mismo título universitario y un mismo curso de formación, «de forma que quienes superen la prueba única para la evaluación de la aptitud profesional, podrán ejercer indistintamente la abogacía o la procura sin más requisitos que la colegiación en el correspondiente colegio profesional».

Estructura del proyecto

Según la memoria, el real decreto consta de un preámbulo, un artículo único que aprueba el reglamento, una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales. El reglamento que se aprueba tiene diecinueve artículos en cuatro capítulos:

  • Capítulo I. Disposiciones generales: objeto, requisitos generales y requisitos de titulación (artículos 1 a 3).
  • Capítulo II. Cursos de formación: modalidades, colaboración institucional, acreditación, registro, becas, competencias, planes de estudios y profesorado (artículos 4 a 12).
  • Capítulo III. Prácticas externas: contenido, lugares y tutorías (artículos 13 a 15).
  • Capítulo IV. Acreditación de la capacitación profesional: contenido de la evaluación, convocatoria, comisión de evaluación y calificación (artículos 16 a 19).

La disposición derogatoria única del proyecto dice: «Queda derogado el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales». Y la disposición final cuarta prevé que el real decreto «entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”». Mientras eso no ocurra, el texto es un borrador y la derogación y la entrada en vigor que anuncia no se han producido.

Los requisitos y los cursos de formación

El artículo 2.1 del reglamento proyectado enumera tres requisitos para obtener el título profesional: estar en posesión del título universitario oficial de licenciatura o grado en Derecho; superar el curso de formación especializada; y acreditar la capacitación profesional «mediante la superación de la prueba de evaluación final».

Sobre el curso, el mismo artículo precisa: «Dicho curso incluirá la realización de prácticas en despachos, instituciones u otras entidades relacionadas con el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento.»

El artículo 4 contempla dos tipos de cursos: los impartidos por universidades, conducentes a un título oficial de máster universitario, y los impartidos por las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios profesionales. El artículo 6 regula la acreditación de estos últimos, que se solicita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En cuanto a la carga lectiva, el artículo 11.1 del proyecto dispone:

«En conjunto los planes de estudios deberán comprender 90 créditos del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que contendrán toda la formación teórica y práctica necesaria para adquirir las competencias profesionales indicadas en este reglamento para el desempeño de la abogacía y de la procura.»

El mismo apartado añade que, de esos créditos, «30 corresponderán a la realización de las practicas externas tuteladas referidas en el artículo 13 de este reglamento». El artículo 9 se refiere a becas: «El Gobierno contemplará el otorgamiento anual de becas para la realización de los cursos de formación».

La prueba de evaluación en el proyecto

El capítulo IV regula la prueba que da acceso al título. El artículo 16.1 establece que «La evaluación de la aptitud profesional para el acceso a la abogacía y a la procura será única e idéntica en todo el territorio español».

Sobre el formato, el artículo 16.3 dice:

«La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples.»

El mismo apartado prevé que la prueba se realice «presencialmente o en línea a criterio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que lo indicará expresamente para cada convocatoria».

Convocatoria

El artículo 17.1 del proyecto prevé que las evaluaciones se convoquen por los dos ministerios «con periodicidad mínima anual» y que se publiquen en el BOE. Añade: «La prueba de aptitud se celebrará en el plazo máximo de un mes desde la publicación de la convocatoria.» El artículo 17.2 reproduce la regla de la ley: «La convocatoria no podrá contener limitación del número de plazas.»

Calificación

El artículo 19 del proyecto fija que «La nota calificación final de la evaluación será la de apto o no apto» y que la calificación final resultará «de la media ponderada entre el setenta por ciento de la nota obtenida en la evaluación y el treinta por ciento de la nota obtenida en el curso de formación regulado en el artículo 4». El apartado 4 del mismo artículo regula una solicitud de revisión ante la comisión de evaluación para quienes no superen la prueba.

En qué punto está la tramitación

La memoria del análisis de impacto normativo, en su resumen ejecutivo, recoge los trámites de participación. Sobre el primero dice que se cumplió la consulta pública previa «durante el plazo de quince días naturales desde el 22 de octubre al 5 de noviembre de 2026».

Sobre el segundo, la memoria indica que el trámite de audiencia e información pública a las entidades afectadas se realiza «durante un plazo de 15 días hábiles». En el cuerpo de la memoria las fechas de ese trámite aparecen todavía en blanco («desde el día … hasta el día … de 2026»), y el documento no recoge cuándo termina.

La memoria señala también que el proyecto figura en el Plan Anual Normativo 2026, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2026, y enumera los informes preceptivos que han de recabarse durante la tramitación antes de su elevación al Consejo de Ministros.

«No se consideran otras alternativas al proyecto de real decreto que se propone»

Así lo afirma la memoria, que justifica la elección del real decreto en la disposición final primera de la Ley 15/2021.

Contexto: la prueba de acceso y la profesión

El examen de acceso es desde hace años uno de los asuntos que más ocupan a los colegios profesionales y a quienes terminan el grado en Derecho. En octubre recogimos la petición del Colegio de la Abogacía de Madrid de una segunda convocatoria de la prueba en 2026 (ver la noticia).

El reglamento proyectado afecta a la entrada en dos profesiones: la del abogado y la del procurador. Ambas son, en palabras del preámbulo, «colaboradores relevantes de la Administración de Justicia», y la ley que se desarrolla vincula su capacitación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Esta pieza describe un borrador. Cuando el real decreto se apruebe y se publique en el BOE, el texto definitivo puede diferir del que aquí se cita, y será ese texto el que haya que consultar.

Preguntas frecuentes

¿Se ha aprobado ya el nuevo Reglamento de acceso a la Abogacía y la Procura?

No según los documentos difundidos por el Ministerio. Lo publicado, con fecha 6 de noviembre de 2026, es un proyecto de real decreto con su memoria de impacto normativo. El texto se presenta como propuesta al Consejo de Ministros y deja la fecha de firma en blanco. Su disposición final cuarta prevé la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

¿Qué reglamento está vigente ahora mismo?

El propio preámbulo del proyecto lo dice: la anulación del Real Decreto 64/2023 por el Tribunal Supremo «supone que en la actualidad sigue vigente el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio». El proyecto prevé derogarlo en su disposición derogatoria única.

¿Cómo será la prueba de acceso según el proyecto?

El artículo 16.3 del proyecto la describe como «una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples», presencial o en línea a criterio del Ministerio en cada convocatoria. El artículo 19 fija la calificación de apto o no apto. Para más contexto sobre las convocatorias, véase la petición del ICAM de una segunda prueba en 2026.

¿Cuántos créditos tendrán los cursos de formación?

El artículo 11.1 del proyecto dice que los planes de estudios «deberán comprender 90 créditos del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)» y que, de ellos, «30 corresponderán a la realización de las practicas externas tuteladas».

¿Puede una misma persona ejercer como abogado y como procurador?

La Ley 34/2006 vigente lo excluye en su artículo 1.4: el título habilita para colegiarse en uno u otro colegio, «no siendo posible simultanear ni la colegiación como ejerciente en un Colegio de Abogados y en un Colegio de Procuradores ni el ejercicio de ambas profesiones». Véanse las entradas abogado y procurador del diccionario.

Fuentes

Revisión editorial y jurídica: María Eugenia de Araujo

María Eugenia de Araujo

Coordinadora Editorial

Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

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