Fachada del Palacio de Justicia de Cartagena, sede del Juzgado de lo Social número 2 que dictó la sentencia confirmada por el TSJ de Murcia

Ya rige el decreto que obliga a contestar por escrito a quien pide una vacante, y callar pasa de 750 a 7.500 euros

Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).

Desde hoy, 19 de noviembre de 2026, está en vigor el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, que completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones…

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Qué se ha publicado y desde cuándo rige

El Boletín Oficial del Estado publicó el 18 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Su disposición final séptima dice que «este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación», de modo que rige desde hoy, 19 de noviembre.

El título oficial nombra cuatro normas modificadas: el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, la Ley 3/2023 de Empleo y el Real Decreto 723/2026 que transpuso la Directiva (UE) 2019/1152. Conviene saber que la lista del título no es completa: la norma modifica además, por sus disposiciones finales primera y segunda, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Quien se guíe solo por el título se pierde justamente la parte sancionadora y la de contratación pública.

Dato clave

Se publicó el 18 de noviembre y rige desde el 19. No hay periodo transitorio para los deberes de información y respuesta.

El artículo nuevo: se puede pedir un puesto mejor, y hay que contestar

El Estatuto de los Trabajadores incorpora un artículo 21 bis titulado «Transición a otra forma de empleo». Reconoce el derecho a solicitar a la empresa el paso a un puesto vacante en cuatro situaciones: la conversión voluntaria entre tiempo completo y tiempo parcial en los dos sentidos, o el aumento de jornada de quien trabaja a tiempo parcial; la conversión de contratos temporales o de duración determinada —los formativos incluidos— en indefinidos, incluidos los fijos-discontinuos; el paso de fijo-discontinuo a indefinido ordinario; y una cláusula de cierre para cualquier otro caso en que el cambio permita «acceder a condiciones de mayor previsibilidad, duración o estabilidad en el empleo».

Esa cuarta vía es la más amplia y es la única que exige antigüedad: la ley pide «una antigüedad mínima de seis meses en la empresa». Las tres primeras no la exigen.

La obligación de la empresa tiene forma y plazo, y es la parte que conviene llevar escrita a una reclamación: «la empresa deberá tomar en consideración y dar respuesta a cualquiera de las solicitudes referidas en el apartado anterior de manera motivada y por escrito, en el plazo establecido máximo de un mes con carácter general o de tres meses en el caso de empresas cuyas plantillas no superen las diez personas trabajadoras». No basta con no contestar, y tampoco con una negativa sin motivo.

Hay un deber más, y es el que hace útil al anterior: la empresa debe informar de esas vacantes a las personas trabajadoras y a su representación legal «mediante cualquier medio que asegure la recepción de la información». Un derecho a pedir vacantes que nadie conoce no se ejerce.

El convenio colectivo o, en su defecto, el acuerdo de empresa pueden fijar procedimientos para presentar esas solicitudes, pero con un límite expreso: deben respetar en todo caso lo que establecen los apartados anteriores. Un procedimiento de convenio no puede alargar el plazo de respuesta ni eximir de motivarla.

De leve a grave: el suelo de la multa se multiplica por diez

El cambio de categoría es lo que convierte el deber en exigible. El artículo 7.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica ahora como infracción GRAVE «el incumplimiento del deber de información a las personas trabajadoras en los términos previstos legal, reglamentariamente o por convenio colectivo, así como no informar a las personas trabajadoras o no contestar a sus solicitudes sobre vacantes, en los términos previstos en el artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores».

Antes de hoy, el deber de informar sobre vacantes vivía entre las infracciones LEVES del artículo 6. Ese artículo ha quedado reducido a cuatro conductas —el calendario laboral no expuesto, el recibo de salarios, el documento justificativo del artículo 15.9 del Estatuto y una cláusula de cierre de incumplimientos formales—, y las vacantes ya no están ahí.

La diferencia se mide en euros, y está en el artículo 40.1 de esa misma ley. Las leves se sancionan «en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros». Las graves, «en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros». El suelo pasa de 70 a 751 euros y el techo de 750 a 7.500.

Y hay una novedad que no es un cambio de escalón sino un deber que no existía: ahora también es infracción no CONTESTAR. Una empresa que publique sus vacantes correctamente y archive las solicitudes sin responder incurre en la misma infracción grave que quien no las publica.

Misma conducta, otra escala, desde hoy.Infracción leve: de 70 a 750 euros. Infracción grave: de 751 a 7.500 euros.

Dos infracciones graves nuevas, y lo que cuestan

El mismo artículo 7 gana dos apartados. El 7.15 castiga «el incumplimiento de las obligaciones en materia de registro retributivo, en los términos establecidos legal o reglamentariamente». El 7.16, «el incumplimiento de las obligaciones de información a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva».

Ninguna de las dos figura en la lista de infracciones graves con escala reforzada que recoge la letra c bis) del artículo 40.1 —esa lista nombra los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e)—, de modo que se sancionan por la escala general de las graves: de 751 a 7.500 euros.

Se modifica también el apartado 7.13, el de los planes y medidas de igualdad, que ahora remite a la Ley Orgánica 3/2007, al Estatuto, a la normativa reglamentaria o al convenio colectivo aplicable.

Las represalias salen a un apartado propio y la discriminación deja de ser lista cerrada

Entre las infracciones MUY graves, el artículo 8.12 cambia de técnica. Donde antes había una lista cerrada de causas de discriminación, ahora hay una cláusula abierta: las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones en las condiciones de trabajo «por cualquier causa, condición o circunstancia personal o social prohibida por la normativa laboral». Un catálogo cerrado dejaba fuera lo que no estuviera nombrado.

Y las represalias pasan a un apartado propio, el 8.12 bis, con un ámbito más ancho que el anterior: «las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las personas trabajadoras como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos por la normativa laboral». Ya no hace falta que lo reclamado fuera el principio de igualdad de trato: basta con que fuera un derecho laboral.

Importa saber en qué escala cae esto, porque es la más alta: las muy graves se sancionan desde 7.501 euros y llegan, en su grado máximo, hasta 225.018 euros.

Tres años para reclamar una diferencia salarial discriminatoria

El artículo 59 del Estatuto, el de los plazos, gana un apartado 3 con un plazo propio: «las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria».

Son dos diferencias respecto de la regla general, y las dos ensanchan el plazo. La primera es evidente: tres años en lugar de uno. La segunda es la que de verdad cambia las cuentas: el cómputo no arranca al terminar el contrato, como en el apartado 1, sino cuando cesa la situación discriminatoria. Una diferencia salarial que se arrastró durante años no empieza a prescribir mientras sigue produciéndose.

Una advertencia de numeración, porque este artículo se cita mucho de memoria y la reforma ha corrido los apartados: la caducidad de veinte días para impugnar el despido está hoy en el apartado 4, y el 5 es el que la extiende a la movilidad geográfica y a la modificación sustancial de condiciones. Quien cite «el artículo 59.3» pensando en el despido está citando ya otro precepto.

Contratación pública: se puede perder el contrato sin discriminación probada

La Ley de Contratos del Sector Público añade una letra j) a las causas de resolución del artículo 211.1: el incumplimiento grave de las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, durante la ejecución del contrato.

Tiene dos puertas de entrada y la segunda es la que conviene mirar con atención. La primera exige una discriminación retributiva por razón de sexo acreditada por resolución administrativa o judicial firme que afecte a quienes ejecutan el contrato. La segunda no exige discriminación alguna: basta «un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva exigibles al contratista, previamente constatado y requerido de subsanación por el órgano de contratación, sin que se haya procedido a su cumplimiento en el plazo establecido».

Dicho de otro modo: un contratista puede perder un contrato público por no llevar en regla su registro retributivo, aunque nadie haya probado que pague distinto a hombres y mujeres. El propio precepto pone contrapesos: la resolución exige audiencia previa del contratista y la valoración de «la gravedad del incumplimiento, su persistencia, el número de personas trabajadoras afectadas y las medidas adoptadas para corregirlo».

Dato clave

Es la única modificación que ha recibido el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público: su bloque en el consolidado solo registra esta.

También protege a quien aún no ha firmado

Dos cambios se dirigen a la fase previa al contrato, cuando la persona todavía es candidata. El artículo 15 de la Ley de Infracciones recupera un apartado 1 que la Ley 3/2023 había suprimido, y lo hace con contenido nuevo: es infracción grave «no facilitar a las personas solicitantes de empleo, con carácter previo a la celebración del contrato de trabajo, la información exigida legal o reglamentariamente».

Y el artículo 16.1.c), entre las muy graves, se reescribe para abarcar tanto solicitar datos prohibidos o personales en un proceso de intermediación o colocación como adoptar decisiones «que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por cualquier causa, condición o circunstancia personal o social, prohibida por la normativa». También aquí la técnica pasa a cláusula abierta.

Qué no hace esta norma, y qué no hemos comprobado

No sube las cuantías de las multas: las escalas del artículo 40 siguen como estaban. Lo que cambia es la casilla en la que cae cada conducta, y por eso la misma omisión cuesta hoy diez veces más de suelo.

No crea un derecho a obtener el puesto. El artículo 21 bis da derecho a solicitarlo y a recibir una respuesta motivada y por escrito en plazo; no obliga a la empresa a conceder la conversión.

No hemos comprobado, y lo decimos en lugar de callarlo, el contenido de las modificaciones que esta norma introduce en el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, en la Ley 3/2023 de Empleo ni en el Real Decreto 723/2026: esta pieza se ha cotejado contra los textos consolidados del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y de la Ley de Contratos del Sector Público descargados el 19 de noviembre de 2026, y contra el texto del propio decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado. Tampoco hemos revisado la composición ni el funcionamiento de la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, que el artículo 7.16 presupone.

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo se aplica el Real Decreto-ley 39/2026?

Desde el 19 de noviembre de 2026. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre y su disposición final séptima establece que entrará en vigor «el día siguiente al de su publicación». No prevé periodo transitorio para los deberes de información y respuesta sobre vacantes.

¿Cuánto tiempo tiene la empresa para contestar si pido pasar a un puesto vacante?

Un mes como norma general y tres meses si la plantilla no supera las diez personas trabajadoras. El artículo 21 bis del Estatuto dice que la empresa «deberá tomar en consideración y dar respuesta» a la solicitud «de manera motivada y por escrito», de modo que ni el silencio ni una negativa sin motivo cumplen la obligación.

¿Qué le puede pasar a la empresa si no contesta?

Desde hoy es una infracción grave. El artículo 7.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social castiga no informar «o no contestar a sus solicitudes sobre vacantes», y las infracciones graves se sancionan con multa de 751 a 7.500 euros según el grado. Antes la falta de información sobre vacantes era una infracción leve, de 70 a 750 euros.

¿Hace falta antigüedad para pedir el cambio de puesto?

Depende del caso. Las conversiones entre jornada completa y parcial, de temporal a indefinido y de fijo-discontinuo a indefinido ordinario no exigen antigüedad. Sí la exige la cláusula general del artículo 21 bis.1.d), la de cualquier otro cambio que permita «acceder a condiciones de mayor previsibilidad, duración o estabilidad en el empleo»: ahí se piden seis meses en la empresa.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar una diferencia salarial por discriminación?

Tres años, no uno. El artículo 59.3 del Estatuto fija ese plazo para las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva, y lo cuenta «desde el momento en que cese la situación discriminatoria», no desde que terminó el contrato. Cuidado con la numeración: la caducidad de veinte días para impugnar el despido está ahora en el apartado 4.

¿Puede una empresa perder un contrato público por esto?

Sí, y sin que se haya probado una discriminación. La nueva letra j) del artículo 211.1 de la Ley de Contratos del Sector Público permite resolver el contrato cuando haya un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva «previamente constatado y requerido de subsanación por el órgano de contratación» y no se subsane en plazo. Exige audiencia previa del contratista y valorar la gravedad, la persistencia, el número de personas afectadas y las medidas correctoras.

Fuentes

Revisión editorial y jurídica: Redacción de derechoabogados.es

Redacción de derechoabogados.es

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