Qué publica el BOE
El Boletín Oficial del Estado del 5 de noviembre de 2026 (sección I) publica el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre (BOE-A-2026-23176), «de desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave». La norma lleva la firma de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según su artículo 1, el real decreto «tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 a 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social». Es, por tanto, un reglamento de desarrollo de una prestación del sistema de la Seguridad Social que ya existía y que hasta ahora desarrollaba el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio.
El preámbulo describe su estructura: «El real decreto se estructura en diecinueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y dos anexos.» El anexo I contiene el listado de enfermedades graves y el anexo II, el modelo de declaración médica.
Esta pieza describe lo que publica la norma y reproduce literalmente sus preceptos. No valora su aplicación a casos concretos: para eso conviene consultar a un profesional especializado en derecho laboral y de Seguridad Social.
Por qué un reglamento nuevo y no una reforma
El preámbulo explica que la experiencia en la gestión de la prestación ha puesto de relieve dificultades concretas. Las enumera así:
«se han identificado dificultades en la acreditación de la convivencia en supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho; en la regulación de la alternancia en el percibo de la prestación; en la actualización de la base reguladora, especialmente tras la implantación del nuevo sistema de cotización de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas; y en el control del mantenimiento de los requisitos durante los periodos de prórroga.»
El texto añade que la amplitud de los cambios aconseja «proceder a la derogación íntegra del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, y a la aprobación de un nuevo marco reglamentario completo y coherente». La derogación se formaliza en la disposición derogatoria única, que deroga expresamente ese real decreto y la Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, que había modificado su anexo.
El preámbulo recuerda también que la regulación legal de la prestación se modificó recientemente por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, y que el nuevo reglamento se dicta para adecuarse a los cambios de los artículos 190 a 192 de la Ley General de la Seguridad Social.
La situación protegida y las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario
El artículo 3.1 define la situación protegida como «la reducción de la jornada de trabajo que lleven a cabo las personas progenitoras, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente para el cuidado de una persona menor a su cargo afectada por cáncer u otra enfermedad grave». La reducción de jornada es, por tanto, el presupuesto de la prestación.
El mismo artículo exige que la enfermedad conlleve hospitalización o una situación equivalente: la enfermedad «deberá implicar un ingreso hospitalario o una situación asimilada conforme a lo dispuesto en el artículo 4».
Las cuatro situaciones del artículo 4
El artículo 4.1 enumera las situaciones que «se considerarán asimiladas al ingreso hospitalario»:
- «La hospitalización a domicilio.»
- «Los tratamientos ambulatorios o continuados.»
- «Los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas.»
- «Cuidados domiciliarios complejos que, por prescripción facultativa, precisen de ser directos, continuos y permanentes y que no se correspondan con ninguna de las situaciones anteriores.»
El apartado 2 fija dos condiciones para que operen. La segunda dice literalmente: «Que la ausencia de ingreso hospitalario no responda a una menor intensidad de los cuidados requeridos, sino a criterios clínicos, terapéuticos u organizativos del sistema sanitario.»
Escolarización y tutela o curatela
El artículo 4.3 se ocupa de la escolarización del menor: «La escolarización será compatible con la apreciación de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente cuando, de acuerdo con el informe del facultativo o facultativa de atención primaria o especializada del servicio público de salud, persistan tratamientos, controles, episodios de crisis, necesidades de vigilancia, administración de medicación, desplazamientos frecuentes a centros sanitarios o cualquier otra circunstancia clínica que exija la disponibilidad efectiva de la persona beneficiaria.»
El artículo 3.2 extiende la situación protegida a la tutela constituida a favor de un familiar que no pueda adoptar al menor y a la curatela, esta última «siempre que la resolución judicial atribuya al curador facultades de representación plenas y generales, incluidas las funciones de atención y cuidado de la persona enferma».
Quién puede ser persona beneficiaria
El artículo 7.1 identifica a las personas beneficiarias: «las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia o asimiladas, cualquiera que sea su sexo, que reduzcan su jornada de trabajo en, al menos, un 50 por ciento de su duración, siempre que reúnan la condición general de estar afiliadas y en alta en algún régimen del sistema de la Seguridad Social y acrediten los periodos mínimos de cotización a que se refiere el artículo 10».
Sobre el trabajo a tiempo parcial, el preámbulo anuncia un cambio respecto del régimen anterior: «Se elimina la limitación que impedía el acceso a la prestación a las personas trabajadoras con una duración efectiva de la jornada a tiempo parcial igual o inferior al 25 por ciento de la correspondiente a una persona trabajadora a tiempo completo comparable.» El artículo 9.2 recoge la regla vigente: las personas contratadas a tiempo parcial «tendrán derecho a esta prestación siempre que reduzcan su jornada en, al menos, un 50 por ciento».
Los periodos mínimos de cotización del artículo 10 se escalonan por edad. Para quien tenga cumplidos veintiséis años al iniciar la reducción, «el periodo mínimo de cotización exigido será de ciento ochenta días dentro de los siete años inmediatamente anteriores a dicha fecha». Sobre este concepto, véase la entrada periodo de carencia.
El artículo 9.1 regula también las situaciones de pluriactividad y de pluriempleo.
Separación, divorcio y percepción alternativa o simultánea
El artículo 8 regula la concurrencia de dos personas con derecho. Su apartado 1 dispone que el derecho «podrá ser reconocido a favor de una de ellas o a favor de ambas de forma alternativa o simultánea».
Para las rupturas de pareja, el mismo apartado establece: «No obstante, en los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, así como cuando se acredite ser víctima de violencia de género, el derecho se reconocerá a favor de la persona progenitora, guardadora o acogedora que conviva con la persona causante, aunque la otra no trabaje, siempre que se cumplan el resto de los requisitos exigidos.» La convivencia, añade, «deberá acreditarse mediante certificado de empadronamiento o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho». Véanse las entradas divorcio, pareja de hecho y empadronamiento.
El artículo 8.3 contempla el disfrute alternativo «mediante acuerdo entre ambas personas progenitoras, guardadoras o acogedoras por periodos no inferiores a quince días». Y para los casos de convivencia compartida tras una ruptura, dispone que la prestación «será percibida de forma alterna por cada una de ellas, coincidiendo dicha alternancia con el régimen de convivencia establecido». Sobre ese régimen, véase custodia compartida.
Cuantía de la prestación
El artículo 11.1 configura la prestación como «un subsidio que se reconocerá en proporción al porcentaje de reducción de la jornada de trabajo». El apartado 2 fija su importe: «La prestación será equivalente al cien por ciento de la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales o, en su caso, la derivada de contingencias comunes cuando no se haya optado por la cobertura de las contingencias profesionales, aplicando el porcentaje de reducción que experimente la jornada de trabajo.» Véanse las entradas base reguladora e incapacidad temporal.
Para el disfrute simultáneo por ambas personas, el mismo apartado prevé que a cada una le corresponde «un subsidio equivalente al 50 por ciento de su respectiva base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, con independencia del porcentaje de reducción que cada una experimente en su jornada de trabajo».
Respecto de las personas autónomas, el artículo 11.4.b) dispone que las bases de cotización provisionales tenidas en cuenta durante la percepción de la prestación «se considerarán definitivas, no siendo objeto de regularización anual».
Duración, prórrogas e informe de la Inspección Médica
El artículo 12.2 fija los periodos de reconocimiento: «La prestación se reconocerá por un periodo inicial de cuatro meses, prorrogable una primera vez por un periodo de seis meses y, sucesivamente, por periodos de ocho meses, cuando subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante».
El artículo 12.3 introduce un control periódico: «una vez transcurridos los primeros veinticuatro meses desde el reconocimiento inicial de la prestación, y a partir de ese momento cada dos años, la solicitud de prórroga deberá acompañarse de un informe vinculante emitido por la Inspección Médica del Servicio Público de Salud correspondiente». El mismo precepto añade que ese informe «deberá ser emitido en el plazo máximo de treinta días desde su solicitud por la persona interesada».
Más allá de la mayoría de edad
El artículo 13 regula la duración máxima. Su apartado 3 dispone:
«Excepcionalmente se mantendrá el derecho a la prestación más allá de los veintiséis años en aquellos casos en que la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tenga reconocido el grado III de dependencia, siempre que persista la convivencia con la persona beneficiaria y continúen acreditándose las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente».Véase la entrada discapacidad.
Los artículos 14 y 15 enumeran, respectivamente, las causas de suspensión y de extinción del derecho, y el artículo 16.1 recoge el deber de comunicar a la entidad gestora o a la mutua colaboradora cualquier circunstancia que afecte al derecho «en el plazo de treinta días desde que estas se produzcan».
Entrada en vigor y régimen transitorio
La disposición final cuarta establece: «El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».» La publicación es del 5 de noviembre de 2026. Sobre el concepto, véanse entrada en vigor y vacatio legis.
La disposición transitoria única regula los procedimientos y prestaciones en curso. Su apartado 2 dispone que, a partir de la entrada en vigor, «todos los procedimientos y prestaciones en curso se regirán íntegramente por lo dispuesto en el mismo, sin necesidad de retrotraer actuaciones ya practicadas», y añade que «cuando las disposiciones de este real decreto resulten más favorables para las personas interesadas, serán de aplicación preferente, incluso respecto de actuaciones ya realizadas con anterioridad a su entrada en vigor».
La disposición adicional segunda encarga al Ministerio de Inclusión, en colaboración con el de Sanidad, una guía técnica de apoyo para la valoración de la necesidad de cuidado, que «tendrá carácter orientativo».
Claves de la norma
- Norma: Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre (BOE-A-2026-23176), publicado el 5 de noviembre de 2026.
- Qué hace: desarrolla la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (artículos 190 a 192 LGSS) y deroga el Real Decreto 1148/2011.
- Situaciones asimiladas al ingreso: hospitalización a domicilio, tratamientos ambulatorios o continuados y cuidados domiciliarios complejos (artículo 4).
- Reducción mínima de jornada: al menos un 50 por ciento (artículos 7.1 y 9.2).
- Periodos: cuatro meses iniciales, prórroga de seis y sucesivas de ocho (artículo 12.2).
- Control: informe vinculante de la Inspección Médica cada dos años tras los primeros veinticuatro meses (artículo 12.3).
- Entrada en vigor: a los dos meses de su publicación (disposición final cuarta).
Sobre otras prestaciones y permisos ligados al cuidado, en derechoabogados.es hemos descrito la sentencia del TSJ de Navarra sobre teletrabajo para el cuidado de un familiar y la anulación de un permiso por cuidado familiar en el sector del contact center.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Real Decreto 957/2026?
Es la norma publicada en el BOE del 5 de noviembre de 2026 que desarrolla el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, regulada en los artículos 190 a 192 de la Ley General de la Seguridad Social. Sustituye al Real Decreto 1148/2011, que deroga expresamente. Véase la entrada reglamento.
¿Qué situaciones se asimilan al ingreso hospitalario?
El artículo 4.1 enumera cuatro: la hospitalización a domicilio; los tratamientos ambulatorios o continuados; los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas; y los cuidados domiciliarios complejos que, por prescripción facultativa, precisen ser directos, continuos y permanentes. El apartado 2 exige que consten en la declaración médica del anexo II.
¿Qué reducción de jornada exige la norma?
El artículo 7.1 se refiere a las personas trabajadoras que «reduzcan su jornada de trabajo en, al menos, un 50 por ciento de su duración». El artículo 9.2 aplica el mismo umbral a las personas contratadas a tiempo parcial. Véase reducción de jornada.
¿Qué dice el reglamento sobre los casos de separación o divorcio?
El artículo 8.1 dispone que, en los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, el derecho se reconoce a la persona que conviva con el menor, y el artículo 8.3 prevé que, si la convivencia es compartida, la prestación se perciba de forma alterna según el régimen de convivencia. Véase custodia compartida.
¿Cuándo entra en vigor?
La disposición final cuarta establece que entrará en vigor «a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»», que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2026. Sobre otras normas de Seguridad Social publicadas recientemente, véase la pieza sobre la extinción de créditos y derechos de la Seguridad Social.
Fuentes
María Eugenia de Araujo
Coordinadora Editorial
Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

