Qué publica el BOE
El «Boletín Oficial del Estado» núm. 282, de 12 de noviembre de 2026 (páginas 152925 a 152932, sección del Tribunal Constitucional) publica la Sentencia 66/2026, de 5 de octubre de 2026, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (BOE-A-2026-23752, ECLI:ES:TC:2026:66), dictada en el recurso de amparo núm. 4827-2025, promovido por doña Ana Abril Egea. Ha sido ponente la magistrada doña Laura Díez Bueso y ha intervenido el Ministerio Fiscal.
La resolución impugnada en amparo era un auto del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia. Así lo delimita el fundamento jurídico 1: «El presente recurso de amparo se dirige contra el auto de 5 de junio de 2025 del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia, por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la recurrente en el procedimiento de despido núm. 216-2022.»
El propio sumario del BOE resume la cuestión decidida: «Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento por edictos sin haber intentado la notificación en el domicilio que figuraba en el escrito de demanda, la carta de despido y el contrato de trabajo.»
Esta pieza describe qué resuelve la sentencia y reproduce literalmente sus pasajes y los preceptos que cita. No valora su aplicación a ningún caso concreto: para eso conviene consultar a un profesional especializado en derecho laboral y procesal.
El fallo, y qué alcance tiene
El fallo dice literalmente: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Ana Abril Egea y, en consecuencia, declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).»
El fallo no contiene ningún otro pronunciamiento. No anula resoluciones ni ordena retroceder el procedimiento, y el propio tribunal explica por qué en el fundamento jurídico 3: «Sin embargo, con posterioridad a la admisión del recurso de amparo tuvo lugar el archivo del procedimiento de ejecución con la conformidad de ambas partes, por decreto de 3 de julio de 2026, y se cumplió el acuerdo por ellas alcanzado que fue aprobado por auto de 18 de noviembre de 2025. Esto hace que los efectos de la estimación del recurso de amparo, de acuerdo con lo previsto en el art. 55.1 LOTC, deban circunscribirse a la mera declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin declaración de nulidad ni retroacción de las actuaciones judiciales.»
El art. 55, apartado uno, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, enumera en el texto consolidado del BOE los pronunciamientos posibles de una sentencia de amparo: «La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.» Aquí el Tribunal Constitucional se queda en el reconocimiento del derecho.
El recurso se admitió a trámite por providencia de 25 de mayo de 2026, apreciando especial trascendencia constitucional por que el órgano judicial «pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal». La recurrente había pedido además la suspensión cautelar de la ejecución, pero desistió de esa petición el 28 de mayo de 2026.
Cómo se llegó al embargo: la cadena de notificaciones
Los antecedentes de la sentencia detallan la secuencia. El 10 de marzo de 2022 una trabajadora interpuso demanda de despido y reclamación de cantidad contra doña Ana Abril Egea. En la demanda se consignaba como «domicilio social» de la demandada uno en Puerto Lumbreras (Murcia) y, acto seguido, «como quiera que dicho domicilio ha resultado ‘desconocido’ en el intento de emplazamiento para el acto de conciliación», se indicaba como «domicilio a efectos de notificaciones» otro en la avenida de las Fuerzas Armadas núm. 18 de Lorca (Murcia). Esa segunda dirección figuraba también en la carta de despido y coincidía con la ubicación del centro de trabajo según el contrato de trabajo aportado con la demanda.
El juzgado intentó la notificación en el primer domicilio, el de Puerto Lumbreras: el 29 de abril de 2022 con resultado ausente, el 3 de mayo de 2022 también ausente, dejando aviso en buzón, y el 23 de junio de 2022 con resultado «desconocido». Después practicó una consulta de domicilio a través del Punto Neutro Judicial el 6 de julio de 2022, que devolvió del Instituto Nacional de Estadística una dirección en Campillo (Lorca); el intento por correo certificado allí resultó «desconocido» el 19 de julio de 2022 y el exhorto al Juzgado Decano de Lorca para la notificación personal «nuevamente resultó infructuosa».
Agotada esa vía, por diligencia de ordenación de 21 de septiembre de 2022 el juzgado acordó la citación de la demandada «por medio de edicto a publicar en el tablón edictal judicial único» del «Boletín Oficial del Estado». En ningún momento se intentó la notificación en el domicilio señalado a efectos de notificaciones en la demanda.
El juicio se celebró en ausencia de la demandada y el 19 de diciembre de 2023 el juzgado dictó sentencia estimando íntegramente la demanda: declaró la improcedencia del despido, resolvió la relación laboral y condenó a la empresa al pago de 6.525,75 euros brutos de indemnización, 27.685,00 euros brutos de salarios de trámite y 1.067,85 euros brutos por los conceptos reclamados, con responsabilidad subsidiaria del FOGASA en sus límites legales. La sentencia se notificó también por edictos, el 26 de septiembre de 2024, y se declaró firme por diligencia de ordenación de 14 de octubre de 2024.
Presentada demanda de ejecución, el juzgado despachó ejecución por auto de 4 de diciembre de 2024, «que también fue notificado por medio de edictos». Así lo narra el antecedente de hecho: «Al tener conocimiento del proceso por despido con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias, el día 15 de enero de 2025, doña Ana Abril Egea se personó en el procedimiento por despido núm. 216-2022, interponiendo incidente de nulidad de actuaciones, instando la nulidad del procedimiento y de la sentencia dictada, a fin de que se repusieran las actuaciones al momento anterior al emplazamiento por edictos.»
Los argumentos con los que el juzgado rechazó la nulidad
El Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia desestimó el incidente por auto núm. 115/2025, de 5 de junio, con dos razonamientos, según los antecedentes de la sentencia. El primero, procesal: «que contra la sentencia cabía recurso de suplicación y que antes de acudir al incidente de nulidad de actuaciones es preciso agotar el trámite de recurso ordinario».
El segundo, de fondo: que se intentó la notificación en el domicilio que figuraba en el contrato de trabajo y en las nóminas, que no podía pretenderse «una búsqueda detectivesca» del domicilio de la empleadora, y que si había cambiado su domicilio social debió comunicarlo. El auto concluía que, cumplido el trámite por el órgano judicial, «las razones por las cuales la empresa no recibe las notificaciones en el domicilio que libremente señala como domicilio social son de su exclusiva responsabilidad».
La trabajadora demandante, personada en el amparo, pidió su desestimación: sostuvo que hubo «una actividad real y objetivamente encaminada a la localización personal de la demandada antes de acudir a los edictos» y que la exigencia constitucional de desplegar esfuerzos razonables «debe considerarse satisfecha en el presente caso». El Ministerio Fiscal, en cambio, interesó la estimación del amparo.
El reproche del Constitucional: no usar lo que ya estaba en el expediente
El fundamento jurídico 2 recuerda la doctrina ya establecida sobre actos de comunicación: «cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible la notificación personal al demandado, esta debe intentarse antes de acudir a la notificación por edictos». Y fija también el límite de ese deber: «no puede llegar a significar que se pueda exigir al juez o tribunal correspondiente el despliegue de una desmedida labor investigadora, lo que llevaría más bien a la indebida restricción de los derechos de defensa de los restantes personados en el proceso».
El mismo fundamento añade que la indefensión «cede cuando la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado, que voluntaria o negligentemente se ha situado al margen del proceso», si bien esas situaciones «no pueden fundarse en simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que pueda invalidar la tacha de indefensión».
Aplicada al caso, la sentencia reconoce en el fundamento jurídico 3 que el juzgado no fue pasivo, pero aprecia falta de diligencia: «Aunque el órgano judicial no permaneció absolutamente pasivo, pues consta acreditado que intentó la averiguación domiciliaria de la parte empresarial en el litigio antes de proceder a su emplazamiento por medio de edictos, sí que debe reconocerse que incurrió en una evidente falta de diligencia que cabe calificar como constitucionalmente relevante.»
El pasaje que concentra el reproche es este, del mismo fundamento jurídico 3: «El tribunal constata que al órgano judicial le habría bastado con examinar atentamente el escrito rector del procedimiento para advertir la existencia de un domicilio designado precisamente para la realización de las notificaciones a la parte demandada en el procedimiento de despido y practicar allí el emplazamiento de la recurrente en amparo. En lugar de hacerlo, reiteró varios intentos de notificación en una dirección donde ya se sabía que comunicaciones anteriores habían resultado infructuosas y practicó una averiguación domiciliaria totalmente innecesaria, sin agotar previamente el domicilio indicado por la propia demandante. Por tanto, la cuestión no radica en que resultara exigible una labor investigadora adicional o exhaustiva por parte del órgano judicial, sino en no haber utilizado de forma razonablemente diligente la información que ya obraba en las actuaciones.»
El perjuicio es el que convierte el defecto procesal en lesión constitucional: «el juzgado causó a la recurrente en amparo una indefensión constitucionalmente relevante al tramitar sin su conocimiento el procedimiento de despido núm. 216-2022 en su integridad, impidiéndole desplegar cualquier posibilidad de defensa en el mismo. Solo tuvo conocimiento del proceso en fase de ejecución, con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias, cuando la sentencia ya había sido dictada.» En la misma línea, el Ministerio Fiscal había alegado que la recurrente solo supo del asunto «cuando se acordó el embargo de sus cuentas corrientes, cuando ya no era posible desplegar ninguna actividad de defensa frente a la reclamación instada en dicho proceso».
Qué dicen la Constitución, la LEC y la Ley reguladora de la jurisdicción social
El derecho invocado es el del art. 24.1 de la Constitución, que en el texto consolidado del BOE dice: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.»
Sobre el domicilio del demandado, el art. 155.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dispone que el demandante designará uno o varios lugares y añade: «También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.» El mismo apartado prevé que «Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.»
Los edictos son el último recurso. El art. 156.4 de la misma ley establece: «Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos.» Y el art. 164, primer párrafo: «Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o cuando así se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación, a través del Tablón Edictal Judicial Único, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos.»
En el orden social la exigencia está escrita con todas las letras. El art. 53.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, dice: «Los actos de comunicación se efectuarán en la forma establecida en el Capítulo V del Título V del Libro I de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en esta Ley, debiendo siempre agotarse todas las posibles vías existentes para lograr la efectividad de las notificaciones.» Y su art. 59, sobre comunicación edictal, la reserva al caso en que, «una vez intentado el acto de comunicación y habiendo utilizado los medios oportunos para la investigación del domicilio, incluida en su caso la averiguación a través de los Registros, organismos, colegios profesionales, entidades y empresas, éstos hayan resultado infructuosos y no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero», remitiendo en su apartado 3 al art. 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Lo que esta sentencia no dice
La sentencia no establece ninguna regla general sobre embargos ni declara que los emplazamientos por edictos sean inválidos. Resuelve un recurso de amparo concreto y aprecia un defecto de emplazamiento en un procedimiento determinado: el juzgado disponía en el propio escrito de demanda de un domicilio señalado a efectos de notificaciones y no lo utilizó. Fuera de ese dato, la propia sentencia subraya que el órgano judicial «no permaneció absolutamente pasivo» y que no se le exigía «una labor investigadora adicional o exhaustiva».
Tampoco anula el embargo, ni la sentencia de despido, ni el auto que despachó ejecución. El tribunal dice que los efectos de la estimación «deban circunscribirse a la mera declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin declaración de nulidad ni retroacción de las actuaciones judiciales», porque la ejecución había terminado con un acuerdo entre las partes homologado judicialmente. De otra condena, de otro embargo o de otra cadena de notificaciones esta sentencia no dice nada.
Y no decide sobre el otro extremo que el juzgado había opuesto —si procedía el recurso de suplicación antes del incidente de nulidad—: el fallo se limita a declarar la vulneración del art. 24.1 CE.
Qué puede hacer quien descubre un procedimiento judicial por un embargo
Lo primero es documentar qué ha pasado: personarse en el procedimiento, pedir el testimonio de las actuaciones y comprobar en qué direcciones se intentó la notificación, qué averiguaciones de domicilio practicó el juzgado y qué domicilios constaban en la demanda y en los documentos aportados con ella. Ese examen es exactamente el que hace la sentencia aquí comentada.
La vía que utilizó la recurrente de este caso fue el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que en el texto consolidado del BOE dice: «No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.»
Los plazos son cortos y el mismo precepto los fija: «El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.» El precepto añade que el incidente se presenta ante «el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza» y que, admitido a trámite, «no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión».
Qué vía corresponde en cada caso —recurso ordinario, incidente de nulidad, oposición a la ejecución— depende de la resolución de que se trate y del momento procesal, y en este procedimiento fue justamente objeto de discusión. Por eso conviene acudir cuanto antes a un abogado especializado en derecho laboral o procesal, y no dejar correr los plazos. Para los pasos prácticos frente a un embargo ya trabado puede verse la guía qué hacer si te embargan.
Esta pieza es informativa y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto. Sobre los conceptos empleados pueden consultarse las entradas recurso de amparo, indefensión y nulidad de actuaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha decidido el Tribunal Constitucional en la Sentencia 66/2026?
Estimar un recurso de amparo. El fallo, publicado en el BOE de 12 de noviembre de 2026, dice: «ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Ana Abril Egea y, en consecuencia, declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE)». La recurrente era la demandada en un procedimiento de despido del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia que se tramitó sin su conocimiento.
¿Anula el Constitucional el embargo o la sentencia de despido?
No. El fallo solo declara la vulneración del derecho. El fundamento jurídico 3 explica que, al haber terminado la ejecución con un acuerdo entre las partes, los efectos de la estimación «deban circunscribirse a la mera declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin declaración de nulidad ni retroacción de las actuaciones judiciales».
¿Por qué considera insuficiente el emplazamiento si el juzgado hizo varios intentos?
Porque no utilizó el domicilio que ya constaba en el expediente. La sentencia reconoce que el órgano judicial «no permaneció absolutamente pasivo», pero reprocha que reiterase intentos en una dirección donde ya se sabía que las comunicaciones fracasaban y practicase una averiguación domiciliaria «totalmente innecesaria», sin intentar antes la notificación en el domicilio señalado a efectos de notificaciones en la demanda, que figuraba además en la carta de despido y en el contrato de trabajo.
¿Significa que un juzgado no puede citar por edictos?
No. La citación edictal sigue siendo legal como último recurso. El art. 156.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos», y el art. 59 de la Ley reguladora de la jurisdicción social la reserva al caso en que las averiguaciones del domicilio «hayan resultado infructuosos». Lo que esta sentencia examina es si antes se agotó la información disponible en las actuaciones.
¿Qué plazo hay para pedir la nulidad de actuaciones si uno se enteró del pleito por un embargo?
El art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que «El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión», con un límite de cinco años desde la notificación de la resolución. El mismo precepto exige que la resolución «no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario», cuestión que en este procedimiento fue discutida. Conviene consultar con un abogado de inmediato, porque el plazo es breve.
Fuentes
- Sala Segunda. Sentencia 66/2026, de 5 de octubre de 2026. Recurso de amparo 4827-2025, promovido por doña Ana Abril Egea en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Murcia en proceso de despido (se abre en una pestaña nueva)
- Constitución Española (art. 24.1) — texto consolidado (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 155, 156 y 164) — texto consolidado (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (arts. 53 y 59) — texto consolidado (se abre en una pestaña nueva)
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 241) — texto consolidado (se abre en una pestaña nueva)
- Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (art. 55) — texto consolidado (se abre en una pestaña nueva)
María Eugenia de Araujo
Coordinadora Editorial
Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

