Un reglamento anulado por cómo se tramitó, no por lo que decía
El «Boletín Oficial del Estado» número 285, del lunes 16 de noviembre de 2026, publica en su sección I, bajo el departamento Tribunal Supremo y con el identificador BOE-A-2026-23897, la Sentencia de 15 de octubre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ocupa las páginas 153880 a 153881.
Lo que el diario oficial reproduce no es la sentencia completa, sino su parte dispositiva. Y ese fallo, a diferencia de otros que el BOE publica sin más, dice expresamente por qué se anula la norma: no por su contenido, sino por el procedimiento seguido para elaborarla. Concretamente, por la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, el documento que todo centro directivo debe elaborar con carácter preceptivo cuando prepara un reglamento.
Por eso esta pieza interesa más allá del sector afectado. La norma anulada regulaba densidades de cría de ganado porcino; el defecto que la Sala aprecia pertenece a la fase de elaboración de cualquier disposición reglamentaria. Sobre las figuras generales pueden consultarse Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo, fallo y potestad reglamentaria.
Esta pieza describe lo publicado y lo cita literalmente. No reproduce los fundamentos jurídicos de la sentencia, que el BOE no publica, y no extiende el criterio de la Sala más allá de lo que el fallo dice.
El fallo, en sus cuatro puntos
El encabezamiento identifica el procedimiento y a las partes: «En el recurso contencioso-administrativo número 396/2025, interpuesto por la procuradora doña Patricia Rosch Iglesias, en nombre y representación la Asociación Regional Andaluza de Productores de Ganado Porcino y de la Dehesa Española (ARAPORC), bajo la dirección letrada de don Julio Jesús Criado Guerrero, contra el Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de octubre de 2025, la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia el 15 de octubre de 2026 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente».
El primer punto estima el recurso:
«Primero. Estimar el recurso contencioso-administrativo núm. 396/2025 interpuesto por la Asociación Regional Andaluza de Productores de Ganado Porcino y de la Dehesa Española (ARAPORC) contra el Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.»
El segundo es el que contiene el motivo, y conviene leerlo despacio:
«Segundo. Declarar la nulidad de pleno Derecho del citado Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, por resultar contrario al ordenamiento jurídico, al haberse aprobado mediante un procedimiento de elaboración en el que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo incumplió de manera sustancial las exigencias derivadas del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.»
Son dos elementos: la calificación, nulidad de pleno derecho, y el defecto, un incumplimiento «de manera sustancial» de las exigencias del artículo 26 de la Ley del Gobierno referido a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. El fallo no identifica qué apartado concreto de ese artículo se incumplió ni en qué consistió el incumplimiento: eso pertenece a los fundamentos jurídicos, que el BOE no reproduce.
El tercero resuelve las costas: «Tercero. No hacer especial imposición de las costas procesales causadas.» Y el cuarto explica por qué el fallo aparece en el diario oficial: «Cuarto. Publíquese el fallo de esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado» conforme a lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.»
Cierra con la fórmula «Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.» Firman, según el BOE, «Carlos Lesmes Serrano, Presidente.–Wenceslao Francisco Olea Godoy.–Fernando Román García.–Ángeles Huet de Sande.–María Consuelo Uris Lloret.–Francisco Pueyo Calleja.»
Qué exige el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno
El precepto que la Sala aplica es el que ordena el procedimiento de elaboración de las normas del Gobierno. Lo que sigue se cita del texto consolidado del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE-A-1997-25336), en la redacción que el BOE sirve como última actualización, publicada el 03/01/2025 y en vigor desde el 03/04/2025.
Su rúbrica y su pórtico son estos: «Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.» y «La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento:».
La memoria es preceptiva y tiene contenido tasado
El apartado 3 es el que define el documento al que se refiere el fallo:
«3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados:»
Entre esos apartados, el consolidado enumera, en sus letras a) a d): «a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación.»; «b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.»; «c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias.»; «d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea.»
Las letras e) a h) añaden la identificación de las cargas administrativas, el «Impacto por razón de género», «Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2» y el «Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo.» Y el mismo apartado cierra: «La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.»
La memoria es también donde se justifican las excepciones
El artículo 26 convierte la memoria en el lugar donde han de quedar motivadas las decisiones del propio procedimiento. Al regular la consulta pública previa, el apartado 2 permite prescindir de ella en determinadas circunstancias y añade: «La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.»
Lo mismo ocurre con el trámite de audiencia e información públicas del apartado 6, cuyo plazo mínimo «será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen», con esta exigencia: «De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.» Y, sobre su omisión: «El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.»
El apartado 10 ordena, por último, conservar el rastro documental: «10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas.»
Esta pieza no afirma cuál de estas exigencias concretas se consideró incumplida: el fallo publicado cita el artículo 26 en bloque.
Qué era el Real Decreto 809/2025 y qué decía su preámbulo sobre la tramitación
La norma anulada se publicó en el BOE núm. 244, de 10 de octubre de 2025, con la referencia BOE-A-2025-20205, bajo el departamento Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Su título: «Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.» Su disposición final única decía: «El presente real decreto entrará en vigor el 9 de marzo de 2026.» La ficha de análisis del BOE consigna como fecha de entrada en vigor el 09/03/2026 y como «Fecha de anulación: 16/11/2026».
En su artículo único clasificaba las granjas en tres tipos y asignaba a cada tipo unas densidades de cría. El nuevo artículo 2 bis que añadía al Real Decreto 1135/2002 rezaba: «Artículo 2 bis. Clasificación de las explotaciones de ganado porcino según requisitos de bienestar animal.» y, en sus tres apartados, «Tipo 1: explotaciones en que se mantienen todos los animales sin rabotear, ni los animales se rabotean en ellas ni se introducen animales raboteados.», «Tipo 2: explotaciones en las que existen animales raboteados, y que realizan actuaciones complementarias, definidas en el apartado 2 del artículo 3 bis.» y «Tipo 3: resto de explotaciones.» Se reproduce para que el lector sepa qué se ha anulado, no como derecho aplicable: el BOE rotula hoy esa norma como «[Disposición anulada]».
Lo que el preámbulo afirmaba sobre su propio procedimiento
El preámbulo del real decreto anulado contenía estas dos afirmaciones sobre su tramitación: «En la tramitación de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y entidades representativas de los sectores afectados.» y «Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el proyecto de real decreto ha sido sometido al procedimiento de audiencia e información públicas.»
Su fórmula de aprobación era: «En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de septiembre de 2025,».
Esta pieza pone esos literales al lado del fallo porque ambos están publicados en el BOE, no para deducir de su contraste nada que la Sala no haya dicho: el fallo se refiere a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, documento del expediente que el preámbulo no menciona y que el BOE no publica.
Alcance exacto de la anulación: el Real Decreto 1135/2002 no está anulado
Es el punto donde más fácil resulta equivocarse, así que conviene decirlo con las palabras del propio BOE. Lo anulado es el Real Decreto 809/2025 y las modificaciones y adiciones que ese real decreto había introducido. El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos (BOE-A-2002-22544), no ha sido anulado: el BOE lo sigue sirviendo como texto consolidado.
La ficha de análisis que acompaña a la sentencia lo formula así: «La nulidad de la modificaciones y adiciones de la norma indicada se establece por la anulación del Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre.» Y, bajo el rótulo «DECLARA», enumera dos pronunciamientos:
- «la nulidad del Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2025-20205)».
- «la nulidad de la modificación de los arts. 3.1, 8, anexo I y la adición de los arts. 2 bis, 3 bis y anexo IV al Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-2002-22544)».
La ficha del propio real decreto anulado describe la misma operación desde el otro lado: «MODIFICA los arts. 3.1, 8, anexo I y AÑADE los arts. 2 bis, 3 bis y anexo IV al Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-2002-22544).», y registra entre sus referencias posteriores: «SE DECLARA la nulidad, por Sentencia de 15 de octubre de 2026 (Ref. BOE-A-2026-23897).»
Cómo ha quedado el consolidado del Real Decreto 1135/2002
En el texto consolidado del Real Decreto 1135/2002, cuya última actualización el BOE fecha el 16/11/2026 y en vigor desde el 16/11/2026, los preceptos que procedían del real decreto anulado aparecen rotulados «(Anulado)», cada uno con su nota. Así, el artículo 2 bis y el artículo 3 bis llevan la advertencia «Se declara la nulidad del Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, que añadía este artículo, por Sentencia del TS de 15 de octubre de 2026. Ref. BOE-A-2026-23897», y el anexo IV, la equivalente para un anexo: «Se declara la nulidad del Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, que añadía este anexo, por Sentencia del TS de 15 de octubre de 2026. Ref. BOE-A-2026-23897».
En los preceptos que el real decreto anulado no añadía, sino que modificaba, el consolidado marca «(Anulado)» el apartado afectado, advierte «Téngase en cuenta que se declara la nulidad del Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, que modificaba el apartado 1, por Sentencia del TS de 15 de octubre de 2026. Ref. BOE-A-2026-23897» y consigna a continuación, bajo el rótulo «Redacción anterior:», el texto que regía antes de la modificación anulada. Ocurre en el apartado 1 del artículo 3 y en el artículo 8, y también en el capítulo I del anexo I, donde el punto 3 bis figura como «3 bis. (Primer párrafo anulado)» y el punto 6 como «6. (Anulado)».
Esta pieza no resuelve qué redacción debe aplicar hoy un titular de explotación: describe cómo rotula el BOE cada precepto y remite al texto consolidado del Real Decreto 1135/2002 y, en su caso, a un abogado. Sobre los conceptos implicados, véanse nulidad, derogación y jerarquía normativa.
Por qué el fallo se publica en el BOE: el artículo 107.2 de la LJCA
El cuarto punto del fallo invoca el artículo 107.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718). Su texto consolidado, en la redacción vigente desde el 04/05/2010, dice:
«2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia.»
Esa es la razón por la que el lector encuentra en el diario oficial el fallo —y solo el fallo— de una sentencia: la anulación de una disposición general afecta a una pluralidad indeterminada de personas y debe hacerse pública por el mismo canal en que se publicó la norma. Sobre la condición a la que el precepto vincula el plazo, véase sentencia firme.
Qué no dice esta pieza
No reproduce los fundamentos jurídicos de la sentencia: el BOE publica únicamente la parte dispositiva, de modo que en qué consistió el incumplimiento de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo no consta en la fuente aquí citada, y esta pieza no lo deduce del preámbulo de la norma anulada ni de ninguna otra fuente.
No convierte el fallo en una regla general. El fallo declara nulo este real decreto por un incumplimiento sustancial de las exigencias del artículo 26 de la Ley 50/1997 en su Memoria de Análisis de Impacto Normativo; de ahí no se sigue que cualquier defecto o insuficiencia de una memoria produzca la nulidad de la norma que acompaña, afirmación que el fallo publicado no contiene.
No dice que las normas mínimas para la protección de cerdos hayan quedado sin efecto. El Real Decreto 1135/2002 no está anulado, y el BOE lo mantiene como texto consolidado.
Tampoco anticipa si el Gobierno aprobará una nueva norma sobre la materia ni qué efecto tiene la anulación sobre expedientes, controles o inspecciones tramitados mientras el real decreto anulado estuvo en vigor, cuestiones que no aparecen resueltas en el fallo ni en las fichas del BOE citados. Quien necesite saber cómo le afecta debe examinar su situación concreta, en su caso con un abogado: esta pieza no es asesoramiento. Véanse también legitimación y abogado del Estado.
Preguntas frecuentes
¿Por qué ha anulado el Tribunal Supremo el Real Decreto 809/2025?
El propio fallo lo dice: «Declarar la nulidad de pleno Derecho del citado Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, por resultar contrario al ordenamiento jurídico, al haberse aprobado mediante un procedimiento de elaboración en el que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo incumplió de manera sustancial las exigencias derivadas del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.» El BOE publica solo el fallo, no sus fundamentos, de modo que en qué consistió el incumplimiento no consta en esa publicación.
¿Significa esto que han quedado sin efecto las normas de protección de cerdos?
No. Lo anulado es el Real Decreto 809/2025 y las modificaciones y adiciones que introdujo. El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, no está anulado y el BOE lo sigue sirviendo como texto consolidado. La ficha del BOE de la sentencia lo expresa así: «La nulidad de la modificaciones y adiciones de la norma indicada se establece por la anulación del Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre.»
¿Qué es la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y qué exige la Ley del Gobierno?
Es el documento que el artículo 26.3 de la Ley 50/1997 impone al elaborar una norma: «El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados:». Entre ellos, la oportunidad de la propuesta y las alternativas estudiadas, el contenido y análisis jurídico, la adecuación al orden de distribución de competencias, el impacto económico y presupuestario —con «la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea»—, las cargas administrativas, el impacto por razón de género, el resumen de las aportaciones de la consulta pública y el impacto por razón de cambio climático.
¿Por qué aparece el fallo en el Boletín Oficial del Estado?
Porque lo ordena el artículo 107.2 de la Ley 29/1998: «Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia.» El propio fallo lo invoca en su punto cuarto.
¿Dónde puedo leer otros casos recientes de reglamentos anulados por el Supremo?
En esta misma sección se han descrito el fallo que anula el Real Decreto 905/2025 sobre creación y reconocimiento de universidades y el que anula el artículo 10.b) del Reglamento de navegación marítima.
Fuentes
- Sentencia de 15 de octubre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo 396/2025 interpuesto contra el Real Decreto 809/2025 (BOE núm. 285, de 16 de noviembre de 2026) — BOE-A-2026-23897 (se abre en una pestaña nueva)
- Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos (BOE núm. 244, de 10 de octubre de 2025) — BOE-A-2025-20205, rotulado hoy «[Disposición anulada]» (se abre en una pestaña nueva)
- Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos — texto consolidado, BOE-A-2002-22544 (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno — texto consolidado, artículo 26, BOE-A-1997-25336 (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa — texto consolidado, artículo 107, BOE-A-1998-16718 (se abre en una pestaña nueva)
María Eugenia de Araujo
Coordinadora Editorial
Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

