El buque Open Arms Uno atracado en el moll d'Espanya del puerto de Barcelona

El Supremo anula la letra b) del artículo 10 del Reglamento de Navegación Marítima, sobre buques privados de salvamento

Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).

El Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre de 2026 publica el fallo de la Sentencia de 8 de septiembre de 2026 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recur…

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Qué publica el BOE

El Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre de 2026 (núm. 279, sección I) publica el fallo de la Sentencia de 8 de septiembre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE-A-2026-23386), dictada en el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Fundación Proa (Pro-Activa Open Arms) contra el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima.

La publicación ocupa una sola página y recoge únicamente la parte dispositiva. Según su encabezamiento, la sentencia la dictó la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo en el recurso 614/2023, y el BOE reproduce el fallo, en sus propias palabras, como la parte dispositiva «de tenor literal siguiente».

El objeto del pronunciamiento es muy concreto: una sola letra de un solo artículo del reglamento, la letra b) del artículo 10, que regula el despacho de los buques y embarcaciones privadas que se destinan a la búsqueda y salvamento marítimo.

Esta pieza describe qué dice el fallo publicado, qué decía el precepto anulado según el texto consolidado del BOE y qué dicen literalmente las normas a las que remite. No resume los fundamentos jurídicos de la sentencia, que el BOE no publica, ni valora sus efectos sobre ningún buque concreto.

El fallo, punto por punto

La parte dispositiva publicada contiene cuatro pronunciamientos. Se reproducen literalmente:

  • Primero. «Estimar el recurso contencioso-administrativo n.º 614/2023, interpuesto por la representación procesal de Fundación Proa (Pro Activa Open Arms) contra la letra b) del artículo 10 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, aprobado por el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo.»
  • Segundo. «Declarar la nulidad de pleno derecho de la letra b) del artículo 10 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, aprobado por el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo.»
  • Tercero. «Imponer las costas del proceso a la Administración demandada, con el límite fijado en el último fundamento.»
  • Cuarto. «Ordenar la publicación de este fallo en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo previsto en el artículo 72.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.»

El segundo punto es el que identifica el precepto afectado: la Sala declara la nulidad de pleno derecho de la letra b), no del artículo 10 completo ni del reglamento. El tercer punto se refiere a las costas y remite a un límite cuantitativo que figura en el último fundamento de la sentencia; ese fundamento no aparece en el BOE, por lo que esta pieza no indica la cifra.

El cuarto punto explica por qué el fallo llega al diario oficial: la propia Sala ordena publicarlo conforme al artículo 72.2 de la ley jurisdiccional, cuyo texto se reproduce más abajo.

Qué decía el artículo 10 del reglamento

El artículo 10 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima lleva por rótulo «Supuesto de autorización expresa para el despacho de buques y embarcaciones privadas destinadas a la búsqueda y salvamento marítimo». Su texto, tal como figuraba en el consolidado del BOE consultado el 9 de noviembre de 2026, era el siguiente:

«Los buques y embarcaciones abanderados en España de titularidad privada que se destinen a la búsqueda y salvamento marítimo serán despachados mediante autorización expresa del Director General de la Marina Mercante con arreglo a las siguientes reglas: a) Presentarán la documentación necesaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11. b) Cuando el objeto del despacho sea la navegación fuera de los espacios marítimos españoles acompañarán, además, autorización expresa otorgada por las autoridades responsables de las regiones de búsqueda y salvamento de destino. c) Las condiciones en las que se autoriza el despacho de estos buques y embarcaciones se mantendrán en cualesquiera navegaciones que pueda realizar con posterioridad y estará siempre condicionada al respeto a la normativa internacional en materia de búsqueda y salvamento marítimo.»

La letra declarada nula es, por tanto, la b): la que se refería al supuesto en que «el objeto del despacho sea la navegación fuera de los espacios marítimos españoles» y exigía acompañar «autorización expresa otorgada por las autoridades responsables de las regiones de búsqueda y salvamento de destino». Las letras a) y c) y el párrafo inicial del artículo no figuran en el fallo publicado.

En el consolidado consultado ese día, el artículo 10 aparecía aún sin ninguna nota del BOE sobre la sentencia. La actualización del consolidado, publicada el 9 de noviembre de 2026 y en vigor desde ese mismo día, ya recoge la letra b) como «(Anulada)», con la nota que declara su nulidad de pleno derecho y remite a la sentencia (Ref. BOE-A-2026-23386). Esta pieza reproduce el artículo tal como estaba en el momento de la consulta.

El reglamento y el despacho de buques

Para situar el precepto conviene saber qué regula la norma en la que se inserta. El reglamento aprobado por el Real Decreto 186/2023 enumera su objeto en el artículo 1, y la primera de las materias es «El despacho de buques». Le siguen, entre otras, «El rol de despacho y dotación», «El régimen de autorización de entrada y de estancia de los buques y embarcaciones en los espacios marítimos españoles» y «El régimen de infracciones y sanciones».

El artículo 5 define qué es el despacho:

«El despacho de un buque o embarcación es la autorización o habilitación otorgada por la Administración marítima para que emprenda la navegación para la actividad a que se va a dedicar, una vez que su capitán, armador, naviero o consignatario cumpla las formalidades exigidas en este capítulo.»

El artículo 10 forma parte del capítulo II, «Régimen aplicable al despacho de buques», junto con otros supuestos de autorización expresa: por motivos de seguridad marítima y protección del medio marino (artículo 7), para buques y embarcaciones al final de su vida útil (artículo 8) o para buques y embarcaciones de recreo (artículo 9). El artículo 10 es el que, según su rótulo, se dedica a los buques y embarcaciones privadas destinadas a la búsqueda y salvamento marítimo.

Sobre el marco general del derecho marítimo y del deber de salvamento pueden consultarse las entradas correspondientes del diccionario jurídico del portal, así como la de la Ley 14/2014, de Navegación Marítima.

Cuándo entró en vigor el artículo 10

La disposición final sexta del Real Decreto 186/2023 fija dos calendarios distintos. Su apartado 1 dice que «Este real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»». Su apartado 2, en la redacción vigente, exceptúa los capítulos II, III y IV del reglamento, que «entrará en vigor el 15 de agosto de 2025».

El mismo apartado 2 contiene una regla específica para el artículo 10:

«Los artículos 10 y 22, sobre despacho de buques y embarcaciones privadas destinadas a la búsqueda y salvamento marítimo, y enrolamientos múltiples y simultáneos, respectivamente, entrarán en vigor, de conformidad con el apartado 1, a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».»

El real decreto se publicó en el BOE del 22 de marzo de 2023. El consolidado indica que el párrafo primero del apartado 2 se modificó por la disposición final 1 del Real Decreto 587/2024, de 25 de junio; la frase sobre los artículos 10 y 22 se reproduce aquí según la redacción vigente que muestra el BOE.

Qué dice el artículo 72.2 de la ley jurisdiccional

El fallo invoca el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Su texto vigente, cotejado en el consolidado del BOE, es este:

«La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.»

El Real Decreto 186/2023 se publicó en el BOE, y es en el BOE donde la Sala ordena publicar el fallo. La publicación en el diario oficial no incluye mención expresa a la firmeza de la sentencia; esta pieza se limita a reproducir el precepto que el propio fallo cita, sin aplicarlo al caso.

El artículo 72.1, para contraste, dice que «La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes».

Un recurso directo contra un reglamento

El asunto es un recurso dirigido directamente contra un real decreto aprobado por el Gobierno, resuelto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Para los conceptos generales pueden consultarse en el diccionario del portal las entradas potestad reglamentaria y jerarquía normativa.

No es el primer fallo del Supremo sobre un reglamento que el portal recoge en 2026 a partir del BOE: también se publicaron el fallo que anuló el Real Decreto 905/2025 sobre universidades y los fallos que anularon preceptos del reglamento de extranjería. En el caso del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, lo que el BOE publica es el fallo, no la sentencia completa.

«Declarar la nulidad de pleno derecho de la letra b) del artículo 10 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, aprobado por el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo.»

Qué no dice esta pieza

Esta noticia describe el fallo publicado en el BOE del 9 de noviembre de 2026 y reproduce el texto de los artículos 1, 5 y 10 y de la disposición final sexta del Real Decreto 186/2023, y del artículo 72 de la Ley 29/1998, según el consolidado del BOE. No resume los fundamentos jurídicos de la sentencia, porque no se publican en el diario oficial, no indica el límite de las costas y no afirma cómo se despacha a partir de ahora ningún buque concreto.

Quien tenga dudas sobre el régimen de despacho de un buque o sobre la impugnación de un reglamento debe consultar a un abogado. El directorio del portal reúne abogados especialistas en derecho administrativo y en contencioso-administrativo.

Preguntas frecuentes

¿Qué ha anulado el Tribunal Supremo en el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima?

Según el fallo publicado en el BOE del 9 de noviembre de 2026, la Sala Tercera declara la nulidad de pleno derecho de la letra b) del artículo 10 del reglamento aprobado por el Real Decreto 186/2023. Esa letra se refería a la navegación fuera de los espacios marítimos españoles de los buques privados de búsqueda y salvamento. Véase la entrada nulidad de pleno derecho.

¿Quién interpuso el recurso?

La Fundación Proa (Pro-Activa Open Arms), según el encabezamiento y el punto primero del fallo publicado. El recurso, con número 614/2023, era un recurso contencioso-administrativo directo contra el reglamento.

¿Por qué se publica el fallo en el BOE?

Porque lo ordena el punto cuarto del propio fallo, «conforme a lo previsto en el artículo 72.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción». Ese artículo se refiere a la publicación de las sentencias firmes que anulen una disposición general en el mismo periódico oficial en que se publicó la disposición. Otro ejemplo reciente es el fallo sobre el Real Decreto 905/2025.

¿Se han anulado también las letras a) y c) del artículo 10?

No figuran en el fallo publicado. Los puntos primero y segundo se refieren únicamente a la letra b) del artículo 10.

¿Dónde se pueden leer los fundamentos de la sentencia?

El BOE publica solo la parte dispositiva. Los fundamentos, incluido el último, al que remite el pronunciamiento sobre costas, figuran en el texto íntegro de la sentencia, que esta pieza no ha consultado.

Fuentes

Revisión editorial y jurídica: María Eugenia de Araujo

María Eugenia de Araujo

Coordinadora Editorial

Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

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