Abogados de Derecho Comunitario

En qué consiste

La puerta de entrada es constitucional. El artículo 93 de la Constitución permite que una ley orgánica autorice la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, y encomienda a las Cortes Generales o al Gobierno la garantía del cumplimiento de esos tratados y de las resoluciones de los organismos supranacionales. El artículo 96 añade la regla general: los tratados válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno.

Quién aplica ese Derecho lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial sin rodeos: los jueces y tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y cuando el tribunal decide preguntar al Tribunal de Justicia, la misma norma fija la forma: mediante auto y previa audiencia de las partes. Ese detalle procesal es el que suele decidir si una cuestión prejudicial se plantea o se queda en un escrito de parte, porque el planteamiento no lo pide el abogado, lo acuerda el tribunal.

Cuando el daño ya se ha producido porque se aplicó una ley española contraria al Derecho de la Unión, la vía es la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. La Ley 40/2015 la admite expresamente, pero con requisitos exigentes: hace falta haber obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación que causó el daño, habiendo alegado ya entonces la infracción del Derecho de la Unión, y que la norma europea tuviera por objeto conferir derechos a los particulares.

Cuándo necesitas un abogado de derecho comunitario

• Una norma o una resolución española te perjudica y crees que contradice el Derecho de la Unión.
• Quiere que el juzgado plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
• Una directiva no se ha traspuesto en plazo y quieres invocarla frente a la Administración.
• Ha ganado una sentencia del Tribunal de Justicia y necesita traducirla en una reclamación aquí.
• Reclama al Estado por los daños causados por una ley declarada contraria al Derecho de la Unión.
• Ejerce derechos de ciudadanía europea —residencia, libre circulación— y encuentra obstáculos.

Tipos de asunto

Cómo funciona el proceso

1. Identificar la norma europea aplicable y qué derecho confiere. No basta con que exista una norma de la Unión sobre la materia: hay que localizar la disposición concreta y qué derecho reconoce al particular. De eso depende todo lo demás, incluida una eventual reclamación de daños.
2. Alegarla ante el tribunal español desde el principio. Los jueces españoles aplican el Derecho de la Unión conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La alegación se hace en el procedimiento interno, y hacerla tarde cierra puertas que después no se reabren.
3. Pedir el planteamiento de la cuestión prejudicial. La decisión de plantearla es del tribunal, no de la parte. Se acuerda mediante auto y previa audiencia de las partes, de modo que el escrito debe darle al juzgado la duda interpretativa formulada, no sólo la queja.
4. Esperar el pronunciamiento y aplicarlo al caso. La respuesta del Tribunal de Justicia vuelve al procedimiento de origen. La sentencia se dicta ya con esa interpretación, y es ahí donde el asunto se gana o se pierde.
5. Si el daño viene de la ley: responsabilidad del Estado legislador. Se reclama en vía administrativa, con el plazo contado desde la publicación de la sentencia que declara la norma contraria al Derecho de la Unión, y con el límite temporal de daños que fija la propia ley.

Plazos

Aquí conviven dos relojes que no se parecen. El del procedimiento interno es el ordinario: los plazos de recurso de cada orden jurisdiccional siguen corriendo aunque el asunto tenga dimensión europea, y perderlos deja sin vehículo la mejor de las alegaciones. El segundo reloj es el de la reclamación al Estado: cuando el daño deriva de aplicar una norma declarada contraria al Derecho de la Unión, el derecho a reclamar prescribe al año de la publicación de esa sentencia en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso. Y hay un límite adicional que sorprende a quien llega tarde: sólo son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de esa sentencia, salvo que ella misma disponga otra cosa.

Costes orientativos

Plantear una cuestión prejudicial no tiene coste propio: se solicita dentro del procedimiento que ya está en marcha y la decisión de elevarla corresponde al órgano judicial. Lo que sí cuesta es preparar la argumentación, que es un trabajo específico y se suma al del asunto principal. Cuenta también con el efecto del calendario: si el juzgado plantea la cuestión, el procedimiento queda suspendido hasta que se resuelve, y esa espera tiene un coste que conviene anticipar. En reclamaciones por directivas no traspuestas o por infracción del Derecho de la Unión, pide que te expliquen qué vía se sigue y ante quién, porque cada una tiene su propio gasto.

Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.

Documentación necesaria

• La resolución o el acto español que te perjudica, íntegro y con su motivación
• El expediente administrativo completo, si ya se ha pedido, y el pie de recurso de cada resolución
• Los escritos de alegaciones ya presentados, para saber qué está dicho y qué no
• La norma europea concreta en la que se apoya, con la versión aplicable en la fecha de los hechos
• La documentación económica del perjuicio, ordenada por conceptos y con sus justificantes, si va a reclamarse
• Cualquier resolución, propia o ajena, dictada sobre un caso equivalente, aquí o en otro Estado

Normativa aplicable

• Constitución Española (se abre en una pestaña nueva), art. 93
  Mediante ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, correspondiendo a las Cortes Generales o al Gobierno garantizar su cumplimiento y el de las resoluciones de los organismos supranacionales.
• Constitución Española (se abre en una pestaña nueva), art. 96
  Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, y sólo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en ellos o según el Derecho internacional.
• Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (se abre en una pestaña nueva), art. 4 bis
  Los jueces y tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y cuando decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán conforme a esa jurisprudencia y, en todo caso, mediante auto y previa audiencia de las partes.
• Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (se abre en una pestaña nueva), art. 21
  Los tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, a las normas de la Unión Europea y a las leyes españolas.
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (se abre en una pestaña nueva), art. 32
  Admite la responsabilidad del Estado legislador cuando los daños derivan de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, siempre que el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria habiendo alegado ya esa infracción y que la norma europea tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (se abre en una pestaña nueva), art. 34
  En esos supuestos son indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declara el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (se abre en una pestaña nueva), art. 67
  En los casos de responsabilidad patrimonial del artículo 32.4 y 32.5 de la Ley 40/2015, el derecho a reclamar prescribe al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
• Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (se abre en una pestaña nueva), art. 46
  Fija en dos meses el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo frente al acto expreso que pone fin a la vía administrativa, y en seis meses el cómputo desde el acto presunto.

Preguntas frecuentes

Términos de derecho comunitario explicados

Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.

Errores frecuentes

Lo que más caro sale en derecho comunitario, y por qué.

1. Guardarse el argumento europeo para el final. La infracción del Derecho de la Unión hay que alegarla en el procedimiento donde se produce el daño. Si después se reclama al Estado, se exige haberla alegado ya entonces.
2. Pedir la cuestión prejudicial como si fuera un recurso. No es un recurso de parte: la acuerda el tribunal por auto, previa audiencia. Un escrito que sólo discrepa de la sentencia rara vez consigue que se plantee.
3. Descuidar los plazos internos por tener razón en el fondo. Los plazos de recurso españoles corren igual. Una alegación europea impecable no sirve si el acto ha quedado firme.
4. Contar el año de la reclamación desde la sentencia y no desde su publicación. El día inicial es la publicación en el BOE o en el DOUE, y el límite de daños se cuenta también desde esa fecha, no desde el día del perjuicio.

Qué no es

Confusiones que salen caras en derecho comunitario: qué las distingue y qué cambia según cuál sea tu caso.

Casos típicos

Situaciones habituales y el camino que suelen seguir. Describen un itinerario general, no lo que va a pasar en tu caso.

1. Una norma o una resolución española te perjudica y crees que choca con el Derecho de la Unión.. No hay que ir a Luxemburgo para invocarlo: los jueces españoles aplican el Derecho de la Unión, y el argumento se plantea en el procedimiento que ya se tiene. Lo que decide si prospera es haberlo alegado bien y a tiempo, con la norma europea concreta y la jurisprudencia que la interpreta, en vez de como una invocación genérica al final del escrito.
2. Quiere que el juzgado pregunte al Tribunal de Justicia antes de resolver.. La cuestión prejudicial la plantea el órgano judicial, no la parte, así que el trabajo consiste en darle hecho lo que necesita: por qué la interpretación europea es dudosa, por qué de ella depende el fallo y con qué redacción preguntarlo. Una petición sin ese trabajo se deniega en dos líneas, y con él se convierte en la vía que cambia el asunto.
3. Una directiva que te beneficia no se ha traspuesto, o se ha traspuesto mal.. En determinadas condiciones puede invocarse igualmente frente a la Administración, y ésa es la discusión técnica del asunto: si la disposición reúne las características que lo permiten y frente a quién se está reclamando. No vale para todos los casos ni frente a cualquiera, y confundir el supuesto es lo que hace perder reclamaciones que eran ganables.
4. Reclamas al Estado por los daños que te ha causado una norma contraria al Derecho de la Unión.. Es una vía exigente: hay que acreditar la infracción, el daño y la relación entre ambos, y el expediente se sostiene sobre documentación económica bien construida, no sobre el argumento jurídico solo. También es una vía con plazos propios que corren aunque el asunto europeo siga abierto, de modo que conviene mirar el calendario desde el primer día.

La primera consulta

Qué llevar

• La resolución, norma o acto español que te perjudica, completo
• El escrito de la Administración con su motivación y su pie de recurso
• La documentación económica del perjuicio, si va a reclamarse
• Lo que ya haya alegado en el procedimiento y en qué fase está
• Cualquier resolución europea o nacional que creas aplicable a tu caso

Qué te preguntarán

• En qué fase está el procedimiento español y si aún cabe alegar
• Qué norma europea cree que se está incumpliendo y en qué punto concreto
• Si el problema es con la Administración o con un particular: no da lo mismo
• Si hay otras personas o empresas en tu misma situación
• Qué perjuicio económico puede acreditar y con qué documentos

Qué deberías preguntar tú

• ¿Se puede plantear ya en mi procedimiento o hay que esperar a otra instancia?
• ¿Merece la pena pedir que el juez plantee la cuestión y qué retraso supone?
• ¿La norma europea es invocable en mi caso concreto o no?
• ¿Qué plazos corren mientras tanto y cuál vence antes?
• Si reclamo al Estado, ¿qué tengo que acreditar y con qué documentación?

Cómo elegir abogado de derecho comunitario

Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.

Que trabaje dentro de tu procedimiento español, no sólo en Luxemburgo

El Derecho de la Unión lo aplican los jueces españoles, así que la mayoría de los asuntos se ganan alegándolo bien en el propio pleito. Un enfoque que aplace todo a una instancia europea suele significar años de espera para algo que podía plantearse ya.

Que sepa dejarle al juez la cuestión prejudicial redactada

La plantea el órgano judicial, no la parte, de modo que el trabajo consiste en darle hecho por qué la duda es relevante, por qué de ella depende el fallo y con qué palabras preguntarlo. Una petición sin ese trabajo se deniega en dos líneas.

Que maneje jurisprudencia europea actualizada y no manuales

En esta materia la interpretación se mueve deprisa y una resolución reciente puede cambiar por completo el planteamiento. Trabajar con doctrina de hace unos años es el error más frecuente y el que menos se nota hasta que llega la resolución.

Que distinga cuándo una norma europea es invocable y cuándo no

No todo lo que dice una directiva puede alegarse en cualquier caso ni frente a cualquiera, y confundir el supuesto hace perder reclamaciones que eran ganables. Es el análisis técnico que separa este trabajo de una invocación genérica.

Que sepa construir el daño económico si se reclama al Estado

Estas reclamaciones se pierden más por el expediente económico que por el argumento jurídico: hay que acreditar el perjuicio y su relación con la infracción, con documentación ordenada. Un despacho que sólo aporta el razonamiento deja el asunto a medias.

Justicia gratuita

Cuando el asunto cruza una frontera dentro de la Unión Europea, la ley prevé un supuesto propio que conviene no confundir con el general: en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a las personas físicas contempladas en el capítulo VIII de la propia ley, y en los términos que ese capítulo establece. Es decir, existe un régimen específico y hay que mirarlo antes de dar por hecho que se aplica sin más lo previsto para los pleitos internos. Fuera de ese supuesto rige la regla general: el derecho se reconoce a los ciudadanos españoles, a los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y a los extranjeros que se encuentren en España cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, y ese criterio se concreta en carecer de patrimonio suficiente y no superar unos umbrales de ingresos brutos anuales por unidad familiar, fijados en múltiplos del IPREM vigente el día de la solicitud. Reconocido el derecho, cubre el asesoramiento previo, la defensa y la representación y la exención de tasas y depósitos. Si su asunto es transfronterizo, dígalo al solicitarlo: cambia el régimen aplicable.

Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado o tribunal que ha de conocer del asunto, o en el juzgado de su domicilio, que dará traslado al colegio competente. Haga constar expresamente que se trata de un litigio transfronterizo en materia civil o mercantil, porque para ese caso la ley tiene un capítulo propio.

Base legal: Artículo 2, letras a) y f), de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.