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Si ha recibido una comprobación o una propuesta de liquidación, le imponen una sanción que no cree merecer o Hacienda no le practica una devolución, lo que se discute casi nunca es el cálculo, sino la calificación de la renta y la prueba. Aquí encontrará cómo se responde a una comprobación, qué se puede alegar frente a una sanción, en qué plazos se recurre y los despachos especializados en IRPF de su provincia.
Ver los despachos especializados en IRPFPlazos y costes
El IRPF grava la renta de las personas físicas: los rendimientos del trabajo y del capital, los de actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales, de acuerdo con las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Los conflictos que llegan a un despacho no suelen ser de cálculo, sino de calificación —qué es rendimiento del trabajo y qué ganancia patrimonial— y de procedimiento: una comprobación, una liquidación o una sanción que hay que recurrir en plazo.
Quien busca abogado ahora mismo no está comparando con calma: está en un apuro y elige a quien ve primero. Destacar tu despacho pone tu ficha arriba del todo en tu especialidad y ciudad, justo en el momento en que esa decisión se toma — más llamadas y más clientes reales, no solo más visitas.
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El orden de los despachos es aleatorio y cambia en cada visita — no indica preferencia ni ranking.
Familia, menores y violencia de género en Fuenlabrada, entre siete áreas.
Ocho áreas en Humanes de Madrid: fiscal, civil, laboral, penal y mercantil.
Herencias y fiscal en San Sebastián de los Reyes.
Quince áreas en Alcorcón desde 2006: familia, laboral, herencias y fiscal.
Veintiuna áreas en Getafe: civil, laboral, penal, fiscal y mercantil.
La ley define el hecho imponible como la obtención de renta por el contribuyente y distingue sus componentes; el artículo 96 fija además quiénes están obligados a presentar declaración y los límites por debajo de los cuales no hay que declarar.
El otro bloque es el procedimental, y ahí manda la Ley General Tributaria. Prescriben a los cuatro años el derecho de la Administración a liquidar y a exigir el pago, y también el derecho del contribuyente a solicitar y obtener devoluciones; ese plazo se interrumpe por las actuaciones que la propia ley enumera, y ahí es donde suele estar la discusión.
En materia sancionadora, la ley consagra el principio de responsabilidad: las acciones u omisiones tipificadas no dan lugar a responsabilidad cuando concurren los supuestos que excluyen la culpabilidad. Y frente a los actos de aplicación de los tributos cabe recurso de reposición, con plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, antes o en lugar de la reclamación económico-administrativa.
En materia tributaria el plazo decide más asuntos que el fondo. Prescriben a los cuatro años el derecho de la Administración a determinar la deuda mediante liquidación y a exigir el pago de lo liquidado, y también el derecho a solicitar devoluciones e ingresos indebidos. Pero ese plazo se interrumpe por las actuaciones que la ley enumera, así que la fecha que cuenta no es la del ejercicio sino la de la última actuación con efecto interruptivo. Y frente al acto concreto, el recurso de reposición tiene un mes desde el día siguiente a la notificación. Ninguna de estas cifras sustituye al examen del expediente.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Prescripción del derecho de la Administración a liquidar y a exigir el pago, y del derecho a solicitar devoluciones | 4 añosart. 66 LGT (se abre en una pestaña nueva) |
| Interrupción de la prescripción | Por las actuaciones que enumera la ley: la fecha que cuenta es la de la última con efecto interruptivoart. 68 LGT (se abre en una pestaña nueva) |
| Recurso de reposición contra actos de aplicación de los tributos | 1 mes desde el día siguiente a la notificación del acto o a los efectos del silencioart. 223.1 LGT (se abre en una pestaña nueva) |
Aquí lo primero es medir si el asunto compensa, porque las cantidades suelen ser modestas y el coste de discutirlas no siempre lo es. Hay pasos que no cuestan honorarios de pleito: la rectificación de la propia autoliquidación cuando el error es de uno, la contestación a un requerimiento y el recurso de reposición, que no exige abogado ni procurador. La reclamación económico-administrativa tampoco los exige. Por eso el gasto en esta materia suele ser asesoramiento puntual bien dirigido más que representación procesal. Si además le imponen sanción, cuente con que la ley prevé reducciones de su importe cuando se acepta la propuesta y no se recurre: esa diferencia forma parte del coste de recurrir y hay que sumarla antes de decidir.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
A los cuatro años, tanto el derecho a liquidar como el derecho a exigir el pago de lo ya liquidado. Pero el plazo se interrumpe por las actuaciones que enumera la ley, así que hay que mirar la última con efecto interruptivo.
La ley fija la obligación de declarar y los supuestos y límites en que no hay que hacerlo, según el tipo y el importe de las rentas obtenidas.
La ley consagra el principio de responsabilidad y enumera los supuestos en que las acciones u omisiones tipificadas no dan lugar a responsabilidad. La culpabilidad hay que motivarla, y ahí se discute.
Contra los actos de aplicación de los tributos cabe el recurso de reposición, con plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación.
El derecho a solicitar devoluciones e ingresos indebidos prescribe también a los cuatro años, con sus propias reglas de cómputo e interrupción.
Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.
Lo que más caro sale en irpf, y por qué.
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Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.
Aquí hay una distinción que conviene entender antes de contar con este derecho, porque decide cuándo sirve: la justicia gratuita se articula sobre el proceso judicial, no sobre el procedimiento ante la Administración. Mientras Hacienda comprueba, propone la liquidación, resuelve el recurso de reposición o tramita la reclamación económico-administrativa, estás en vía administrativa y esas prestaciones no llegan ahí; la única excepción que la ley contempla para la vía administrativa previa está prevista para ciudadanos extranjeros en procedimientos de entrada, devolución, expulsión y asilo, que no es este caso. Sí opera, en cambio, cuando el asunto pasa al juzgado de lo contencioso-administrativo, y también antes de ese paso, porque el derecho cubre el asesoramiento y la orientación previos al proceso a quien pretende reclamar la tutela judicial de sus derechos. Al tratarse del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el requisito de persona física se cumple siempre; lo que hay que mirar son los dos requisitos económicos, que se exigen a la vez: carecer de patrimonio suficiente y no superar unos umbrales de ingresos brutos anuales, computados por todos los conceptos y por unidad familiar. Los umbrales están en múltiplos del IPREM —el indicador público de renta de efectos múltiples— vigente el día de la solicitud: dos veces, dos veces y media, o el triple, según tu unidad familiar tenga uno, menos de cuatro, o cuatro o más miembros, o tenga reconocida la condición de familia numerosa. Reconocido el derecho, cubre la defensa y la representación y la exención de tasas y depósitos. Sobre las costas: si la condena es a tu favor, las abona la parte contraria; si es contra ti, tener el derecho reconocido no significa siempre no pagar nada, porque la ley regula ese caso aparte.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado de lo contencioso-administrativo que ha de conocer del recurso, o en el juzgado de su domicilio, que dará traslado de la petición al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, y hay que indicar qué prestaciones pide. Conviene pedirlo antes de agotar el plazo para recurrir, no después.
Base legal: Artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.
