Qué ha publicado el BOE
El «Boletín Oficial del Estado» número 286, de 17 de noviembre de 2026, publica en su sección de disposiciones generales la Orden PJC/1225/2026, de 16 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ocupa las páginas 154569 a 154576. Su título oficial es el siguiente:
«Orden PJC/1225/2026, de 16 de noviembre, por la que se determina el importe económico de las actuaciones previstas en el Anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, modificado por el Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre.»
El dispositivo de la orden es breve: un artículo único y una disposición final única. El artículo único remite el contenido económico al anexo, que es donde figura cuantía por cuantía lo que se asigna a cada actuación de la asistencia jurídica gratuita:
«El importe económico que se asigna a cada una de las actuaciones previstas en el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, es el que figura en el anexo.»
La disposición final única se ocupa de la entrada en vigor y dice literalmente: «La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.» Al haberse publicado el 17 de noviembre de 2026, la ficha del BOE de la disposición registra como fecha de vigencia el 18 de noviembre de 2026. El preámbulo añade, sobre las nuevas bases de compensación, «que serán aplicables desde la entrada en vigor de la presente orden».
La orden está firmada en «Madrid, 16 de noviembre de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.»
El incremento general del 8 % y los porcentajes que la propia orden modula
El preámbulo describe en qué consiste la actualización. Para el ejercicio de la abogacía, el porcentaje general es del 8 %:
«Como resultado de dicha valoración, las bases de compensación correspondientes a las actuaciones desarrolladas por los profesionales de la abogacía se incrementan, con carácter general, en un 8 %.»
Ese «con carácter general» tiene en el propio texto tres matices expresos, que el preámbulo enumera uno a uno:
- Jurisdicción civil. «en el ámbito de la jurisdicción civil, el módulo correspondiente al juicio completo de familia de mutuo acuerdo experimenta un incremento del 10 %, mientras que en el procedimiento cambiario y en las actuaciones relativas a la eficacia civil de resoluciones dictadas por tribunales eclesiásticos el incremento se fija en un 6 %».
- Órganos de lo mercantil. «las bases de compensación correspondientes a las actuaciones desarrolladas ante los órganos especializados de la jurisdicción mercantil se incrementan en un 7 %, atendiendo a las particularidades y al grado de especialización técnica que caracterizan las materias atribuidas a dichos órganos jurisdiccionales».
- Procura. «En cuanto a los profesionales de la procura, las bases de compensación económica previstas en los distintos módulos del anexo II se incrementan con carácter general en un 8 %, teniendo en cuenta las funciones de representación procesal que desempeñan, así como la evolución de las exigencias derivadas de la tramitación de los procedimientos judiciales.»
El texto explica también con qué criterios se fijaron esas cifras, y lo hace en una sola frase que conviene leer completa porque es la única justificación cuantitativa que ofrece la orden:
«La determinación de las nuevas cuantías se ha realizado tomando en consideración la diferente complejidad técnica de las actuaciones, la dedicación profesional necesaria para su adecuada realización, la carga efectiva de trabajo asociada a cada una de las actuaciones, la intensidad de la intervención exigida en cada procedimiento y la evolución de las funciones asumidas por los profesionales de la abogacía y de la procura como consecuencia de las modificaciones normativas introducidas en los últimos años.»
El preámbulo recoge además que, antes de dictarse, «se han emitido informes por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y el Ministerio de Hacienda». Esos informes no son un trámite voluntario: la propia orden invoca como habilitación «el artículo 43.2 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, que habilita a la persona titular del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España y del Ministerio de Hacienda».
Los importes del anexo en la jurisdicción penal
El anexo se abre con los módulos de la abogacía y empieza por la asistencia a la persona detenida o presa. Estos son algunos de los importes que figuran en él, reproducidos con el rótulo exacto que les da la orden:
- «Asistencia individualizada (procedimiento penal general).» — 94,64 €
- «Servicio de guardia de veinticuatro horas. Asistencia a la persona detenida (procedimiento penal general).» — 179,81 €
- «Asistencia a la comparecencia de la orden de protección.» — 94,64 €
En el apartado de jurisdicción penal, el anexo asigna estas cuantías:
- «Procedimiento penal de especial complejidad.» — 648,00 €
- «Procedimiento penal general.» — 432,00 €
- «Procedimiento del Tribunal del Jurado.» — 473,19 €
- «Procedimiento abreviado.» — 314,93 €
- «Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a la persona detenida.» — 318,87 €
- «Juicios por delitos leves.» — 110,22 €
- «Expedientes de vigilancia penitenciaria.» — 159,83 €
El anexo distingue en varios de estos conceptos una línea propia para la Audiencia Nacional y, en los procedimientos de especial complejidad, añade líneas por volumen de actuaciones: «Por cada 250 acontecimientos» (34,72 €), «A partir de cinco comparecencias ante el tribunal, por cada cinco comparecencias» (34,72 €) y «A partir de dos días de vista, por cada día» (98,42 €). Para el Tribunal del Jurado y el procedimiento abreviado hay igualmente módulos específicos ante ese órgano.
El preámbulo señala de dónde viene el aumento en esta materia: «el anexo II del reglamento incrementa las cuantías aplicables en los supuestos de los procedimientos penales de especial complejidad y en el procedimiento penal general respecto a las que habían sido ya incorporadas al mismo mediante la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo».
Jurisdicción civil y órganos especializados de lo mercantil
En el bloque civil, el anexo recoge entre otros los siguientes módulos, con el rótulo literal de la orden:
- «Juicio ordinario.» — 370,79 €
- «Verbal.» — 234,01 €
- «Juicio completo de familia contencioso.» — 317,84 €
- «Juicio completo de familia de mutuo acuerdo.» — 192,46 €
- «Medidas provisionales.» — 84,89 €
- «Filiación, paternidad, capacidad.» — 282,53 €
- «Monitorio.» — 181,61 €
- «Cambiario.» — 231,82 €
- «Procesos sobre guardia y custodia o alimentos de hijos menores.» — 169,52 €
- «Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos.» — 82,55 €
- «Jurisdicción voluntaria.» — 209,95 €
El juicio completo de familia de mutuo acuerdo es el módulo al que el preámbulo atribuye el 10 %, y el cambiario y la eficacia civil de resoluciones eclesiásticas los que recogen el 6 %. Para el juicio ordinario, el verbal y la jurisdicción voluntaria el anexo no abre excepción en el preámbulo.
Bajo el rótulo «Órganos judiciales especializados en Mercantil», el anexo recoge dos módulos vinculados al concurso: «Concurso microempresa o persona física completo.» (370,79 €) y «Concurso microempresa o persona física sin masa.» (234,01 €).
Contencioso-administrativo, social y recursos
El anexo continúa con la jurisdicción contencioso-administrativa, la social y un apartado específico de recursos:
- «Vía administrativa previa (extranjería y asilo).» — 113,55 €
- «Recurso contencioso-administrativo.» — 277,60 €
- «Conciliación previa en materia laboral con acuerdo.» — 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento
- «Procedimiento íntegro.» (jurisdicción social) — 185,06 €
- «Recurso de suplicación.» — 100,94 €
- «Recurso de casación.» — 351,67 €
- «Recurso de casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio.» — 33,64 €
- «Recurso de amparo.» — 351,67 €
- «Recurso de apelación.» — 142,99 €
Los módulos de extranjería y asilo en vía administrativa previa y el recurso contencioso-administrativo tienen, como en el bloque penal, una línea paralela para la Audiencia Nacional (104,98 € y 291,12 €, respectivamente). En el apartado de recursos conviven el recurso de casación, el recurso de amparo, el recurso de apelación y el recurso de suplicación.
Cierra el bloque de la abogacía un apartado de «Normas Generales» y otro de «Procedimientos en vía administrativa», donde el anexo sitúa el «Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión.» (47,31 €), las «Solicitudes y reclamaciones.» (23,33 €) y los «Recursos en vía administrativa.» (69,98 €).
Los MASC y las transacciones extrajudiciales: el 125 % y los 32,40 euros
Uno de los apartados que el preámbulo destaca es el de los medios adecuados de solución de controversias. El texto describe así lo que el Real Decreto 824/2026 incorporó al anexo II: «los módulos y bases de compensación económica específicos aplicables a las personas profesionales de la abogacía que presten asistencia letrada en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias que den cumplimiento al requisito de procedibilidad».
En el anexo de esta orden, ese concepto aparece con dos líneas bajo el rótulo «Actuación letrada en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias en cumplimiento del artículo 6.11 de la Ley de asistencia jurídica gratuita»:
- «– Con acuerdo.» — 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento
- «– Sin acuerdo.» — 32,40 €
La misma cifra del 125 % figura en el anexo para las «Transacciones extrajudiciales.», y el preámbulo relata de dónde viene ese porcentaje:
«Precisamente en este marco institucional de promover la solución consensuada de las controversias, también se ha modificado el anexo II en el apartado relativo a las transacciones extrajudiciales en todo tipo de procedimientos, para fomentar la cultura del acuerdo, a cuyo fin se incrementa la compensación económica que pasa del 75 % de la cuantía aplicable al procedimiento al 125 % de dicha cuantía.»
El preámbulo añade que esa actividad negociadora «se exige […] como requisito de procedibilidad en todos los procesos declarativos del libro II y en los procesos especiales del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las excepciones recogidas en el apartado 2 del artículo 5» de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. La conciliación previa laboral con acuerdo y la transacción extrajudicial comparten, en el anexo, ese mismo 125 %.
Los módulos de la procura
La segunda mitad del anexo lleva por rótulo «Módulos y bases de compensación económica-Personas Profesionales de la Procura» y es considerablemente más corta. Para el ejercicio de la procura, el anexo fija:
- Jurisdicción penal, «Todos los procedimientos.» — 46,44 €
- «Procedimiento penal de especial complejidad.» — 108,00 €, con «Por cada 250 acontecimientos» a 34,72 €
- «Procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional.» — 108,00 €
- «Actuaciones en procedimientos penales con doble condición de acusación y defensa.» — 50 % de la cuantía aplicable al procedimiento
- «Apelaciones.» (penal) — 29,45 €
- Jurisdicción civil, «Todos los procedimientos.» — 37,84 €
- «Apelaciones.» (civil) — 29,43 €
Ese módulo del 50 % por la doble condición de acusación y defensa figura también en el bloque de la abogacía, con idéntico rótulo y porcentaje.
Cómo encaja con el Real Decreto 824/2026 y con la Orden PJC/281/2025
La orden se sitúa ella misma en una cadena normativa que el preámbulo reconstruye. El Reglamento de asistencia jurídica gratuita en vigor es el aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo; su artículo 43 regula el régimen de retribución y remite al anexo II. Sobre esa base se dictó la Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, y después la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo, con la que, según el texto, se actualizó el anexo «incrementándose los importes económicos asignados a las actuaciones previstas en el citado anexo y desempeñadas por los profesionales en un 8 %».
El eslabón inmediatamente anterior es el Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, que dio nueva redacción a los anexos II y III del reglamento. El preámbulo de la orden describe su efecto sobre la norma anterior en estos términos:
«Así, ha modificado el contenido del anexo II del reglamento y ha procedido a derogar expresamente la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo.»
Es decir: el real decreto de octubre reescribió el catálogo de actuaciones del anexo II —con nuevos conceptos vinculados a la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero— y esta orden de noviembre es la que pone cifra a cada una de las actuaciones de ese catálogo renovado. La derogación expresa de la orden de 2025 la hizo el real decreto, no esta orden.
El preámbulo recuerda, por último, quién paga este servicio público: «el Estado y las Comunidades Autónomas que han asumido competencia en esta materia, asumen el coste económico derivado de la indemnización a los profesionales de la abogacía, de la procura y a otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales». La orden la dicta el Ministerio y su habilitación es el artículo 43.2 del reglamento estatal.
Qué no dice la orden
Esta pieza describe el contenido del BOE y nada más. La orden consta de un artículo único, una disposición final única y un anexo de importes: no contiene régimen transitorio propio, ni reglas sobre el momento del devengo —el preámbulo atribuye esa materia al Real Decreto 824/2026—, ni previsión alguna sobre la tramitación de las certificaciones mensuales, que el propio texto sitúa en el reglamento de 2021.
Tampoco cabe deducir del anexo lo que percibirá un profesional concreto por un asunto concreto: lo que la orden fija son módulos y bases de compensación por tipo de actuación, y su aplicación a cada expediente corresponde a los procedimientos de certificación y libramiento previstos en el reglamento. Para cualquier cálculo individual, la referencia es el texto íntegro publicado en el BOE, enlazado en las fuentes.
Las cifras recogidas arriba son una selección de los módulos más frecuentes. El anexo completo contiene más conceptos —entre ellos los gastos de desplazamiento por tramos de distancia a la sede del colegio y los módulos de asistencia inmediata a víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata, y a personas con discapacidad necesitadas de especial protección—, y se publica en las páginas 154569 a 154576 del boletín.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo se aplican los importes de la Orden PJC/1225/2026?
Su disposición final única dice: «La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.» Se publicó en el BOE número 286, de 17 de noviembre de 2026, y la ficha de la disposición registra el 18 de noviembre de 2026 como fecha de vigencia. El preámbulo precisa que las bases de compensación actualizadas «serán aplicables desde la entrada en vigor de la presente orden».
¿Qué porcentaje de incremento recoge la orden?
El preámbulo describe un incremento «con carácter general» del 8 % en las bases de compensación de la abogacía y también del 8 % en las de la procura. Dentro de la jurisdicción civil señala un 10 % para el juicio completo de familia de mutuo acuerdo y un 6 % para el procedimiento cambiario y la eficacia civil de resoluciones de tribunales eclesiásticos; para los órganos especializados de lo mercantil, un 7 %.
¿Qué relación tiene esta orden con el Real Decreto 824/2026?
El Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, dio nueva redacción a los anexos II y III del Reglamento de asistencia jurídica gratuita y, según el preámbulo de la orden, «ha procedido a derogar expresamente la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo». Esta orden de 16 de noviembre determina el importe económico de cada una de las actuaciones de ese anexo II renovado. Lo que el real decreto introdujo se detalla en nuestra pieza sobre el Real Decreto 824/2026.
¿Cómo retribuye el anexo la actuación letrada en un MASC?
Bajo el rótulo «Actuación letrada en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias en cumplimiento del artículo 6.11 de la Ley de asistencia jurídica gratuita», el anexo recoge dos líneas: «– Con acuerdo.», con «125 % de la cuantía aplicable al procedimiento», y «– Sin acuerdo.», con 32,40 €. La misma cifra del 125 % figura para las transacciones extrajudiciales, que antes estaban, según el preámbulo, en el 75 %.
¿Se informó a la Abogacía antes de dictarla?
El preámbulo afirma que «se han emitido informes por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y el Ministerio de Hacienda», y cita como habilitación el artículo 43.2 del reglamento de 2021, que exige esos informes previos. La actividad de los colegios en este servicio público se refleja también en nuestras piezas sobre el turno de oficio del ICAM en el primer semestre de 2026 y sobre el proyecto de reglamento de acceso a la abogacía y la procura.
Fuentes
- Orden PJC/1225/2026, de 16 de noviembre, por la que se determina el importe económico de las actuaciones previstas en el Anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, modificado por el Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre (se abre en una pestaña nueva)
- Orden PJC/1225/2026 (PDF oficial del BOE) (se abre en una pestaña nueva)
- Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo (se abre en una pestaña nueva)
- Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo (texto consolidado), artículo 43 (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (texto consolidado) (se abre en una pestaña nueva)
María Eugenia de Araujo
Coordinadora Editorial
Coordina la línea editorial de Derecho Abogados: firma y revisa las piezas de actualidad jurídica, las fichas del diccionario y los contenidos de cada especialidad del directorio. En cada pieza cita la norma o la sentencia que la sustenta, para que lo que se lee aquí se pueda comprobar en la fuente original.

