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Si Hacienda te discute la deducibilidad de un gasto, te han abierto una comprobación o dudas de si tu sociedad tiene actividad económica a efectos del impuesto, ten presente que aquí casi nunca se discute un cálculo: se discute una calificación, y esa se sostiene o se cae con la documentación contable. Aquí encontrarás cómo se llega de la contabilidad a la base imponible, qué ajustes suelen dar problemas, qué hacer ante una comprobación y los despachos fiscalistas de tu provincia.
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¿Dónde necesitas un abogado de impuesto de sociedades?
Sólo salen las localidades con despachos de esta área en el directorio: no hay forma de acabar en una lista vacía.
El Impuesto sobre Sociedades grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Su punto de partida no es una regla fiscal sino contable: la base imponible se calcula corrigiendo el resultado contable con los ajustes que establece la propia ley. Por eso los conflictos rara vez son de cálculo y casi siempre de calificación: si un gasto es deducible, si una actividad es económica, si procede una reserva o una compensación.
Quien busca abogado ahora mismo no está comparando con calma: está en un apuro y elige a quien ve primero. Destacar tu despacho pone tu ficha arriba del todo en tu especialidad y ciudad, justo en el momento en que esa decisión se toma — más llamadas y más clientes reales, no solo más visitas.
Destacar no sustituye tu colegiación verificada — es visibilidad extra sobre una confianza que tu ficha ya tiene. Siempre marcada como contenido patrocinado, nunca mezclada con el orden natural.
El orden de los despachos es aleatorio y cambia en cada visita — no indica preferencia ni ranking.
Contratación pública y responsabilidad civil en Toledo, desde 1972.
Herencias y fiscal en San Sebastián de los Reyes.
Veintiuna áreas en Getafe: civil, laboral, penal, fiscal y mercantil.
La ley define la naturaleza del impuesto y su hecho imponible —la obtención de renta por el contribuyente— y fija cómo se determina la base imponible a partir del resultado contable. También delimita qué se entiende por actividad económica y por entidad patrimonial, distinción que arrastra consecuencias en varios regímenes.
Sobre esa base se aplican los mecanismos que más peso tienen en la planificación ordinaria: la reserva de capitalización, la compensación de bases imponibles negativas y el período impositivo, que determina cuándo se devenga. El tipo de gravamen general lo fija la propia ley, con los tipos especiales que enumera.
El cumplimiento tiene además una parte formal que la ley regula expresamente: la obligación de declarar y las obligaciones contables, con las facultades de la Administración para comprobarlas. Y todo ello se mueve dentro de los plazos generales de la Ley General Tributaria: cuatro años de prescripción, interrumpibles.
El impuesto se liquida por períodos impositivos, que la ley define, y a partir de ahí corren los plazos generales de la Ley General Tributaria: cuatro años para que la Administración liquide y exija el pago, y cuatro también para solicitar devoluciones, interrumpibles por las actuaciones que la ley enumera. Frente a una liquidación o una sanción, el recurso de reposición tiene un mes desde el día siguiente a la notificación. Ninguna de estas cifras sustituye al examen del expediente.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Período impositivo del impuesto | El que fija la ley, con las reglas de conclusión anticipada que enumeraart. 27 Ley 27/2014 (se abre en una pestaña nueva) |
| Prescripción del derecho a liquidar y a exigir el pago | 4 años, interrumpibles por las actuaciones que enumera la leyarts. 66 y 68 LGT (se abre en una pestaña nueva) |
| Recurso de reposición contra la liquidación o la sanción | 1 mes desde el día siguiente a la notificaciónart. 223.1 LGT (se abre en una pestaña nueva) |
El gasto se concentra donde se decide el asunto, que es la comprobación y no el recurso. Preparar la documentación que sostiene la deducibilidad de un gasto o la calificación de una operación cuesta menos que discutirla después con la liquidación encima de la mesa. Suele contratarse por horas o por actuación, y conviene pactar si incluye la contestación a los requerimientos, el trámite de audiencia y el recurso, o si cada paso se factura aparte. Hay una cuenta que hacer siempre antes de recurrir: junto a la cuota se propone una sanción, y la ley prevé reducciones de su importe si se acepta la regularización y no se recurre, de modo que recurrir tiene un coste de oportunidad además del honorario. Pon las dos cifras al lado antes de decidir.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
Del resultado contable, corregido con los ajustes que establece la propia ley. Por eso una discusión fiscal suele empezar por la contabilidad.
La ley la define junto al concepto de actividad económica, y esa calificación arrastra consecuencias en varios regímenes del impuesto.
La ley regula la compensación de bases imponibles negativas con los límites que establece.
El tipo general que fija la ley, además de los tipos especiales que enumera para determinadas entidades.
A los cuatro años, tanto el derecho de la Administración a liquidar y exigir el pago como el del contribuyente a solicitar devoluciones, con las interrupciones que la ley enumera.
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Para el impuesto en sí no cabe: quien discute una liquidación del impuesto sobre sociedades es la sociedad, y una sociedad mercantil no está entre las personas jurídicas a las que la ley reconoce el beneficio —las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las asociaciones declaradas de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el registro correspondiente—; el único supuesto que alcanza a una sociedad es concursal y sólo para los trámites del procedimiento especial: si es microempresa, está en el procedimiento especial del libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal y acredita insuficiencia de recursos para litigar. Decirlo pronto ahorra una solicitud inútil. La pregunta cambia por completo cuando la deuda deja de ser de la sociedad y pasa a una persona: si la Administración deriva la responsabilidad al administrador, al socio o a quien sucede en la actividad, quien recurre ya es persona física, y entonces sí cabe pedir la asistencia jurídica gratuita acreditando que carece de patrimonio suficiente y que no supera los umbrales de ingresos brutos anuales por unidad familiar, referidos al IPREM vigente el día de la solicitud. Es una situación más frecuente de lo que parece: la empresa cierra sin pagar y la reclamación llega años después al domicilio particular de quien fue administrador. Un aviso sobre el momento: el beneficio se reconoce con carácter general para los procesos judiciales, de modo que la reclamación económico-administrativa previa se afronta por cuenta propia, y lo que puede quedar cubierto es el recurso contencioso-administrativo posterior.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado o tribunal que ha de conocer del recurso contencioso-administrativo, o en el juzgado del propio domicilio, que dará traslado al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Si la derivación alcanza a varios administradores, cada uno debe pedirlo por separado aunque recurran juntos.
Base legal: Artículo 2, letra c), de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.
